Tarifas de gas y electricidad: nuevo avance del Gobierno nacional por la quita de subsidios

Con el invierno encima, la Casa Rosada activó un refuerzo transitorio de subsidios para el gas que consumen las familias de menores ingresos y, en paralelo, presentó un proyecto de ley que busca una reconfiguración profunda del esquema de tarifas energéticas, que pone en peligro el beneficio de “zona fría” y a los hogares electrodependientes. De avanzar con los cambios, las medidas impactarán de lleno en la Patagonia.

El Gobierno nacional presentó esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca la readecuación del régimen de subsidios al gas natural, la regularización de obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista y elimina regímenes promocionales. Dentro del paquete de medidas, el Estado busca acotar el beneficio de “Zona Fría” y limita los alivios para los hogares que son electrodependientes.

Con esta nueva presentación legislativa, el gobierno de Javier Milei refuerza el objetivo de su gestión de bajar el déficit fiscal y avanzar sobre una estrategia que permita que la cadena de pagos del sistema energético sea absorbida plenamente en las tarifas que pagan los contribuyentes. Además, consolida el funcionamiento del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para que este sea el único canal para acceder a asistencias del Estado.
En orden cronológico, es importante recordar que, antes de los cambios, el Estado autorizó aumentos en las tarifas de gas del orden del 5,6%. Luego, mediante la Resolución 11/2026, la Secretaría de Energía dispuso la implementación de un subsidio adicional del 25% sobre las tarifas de gas correspondiente al mes de mayo para hogares con menores ingresos. El alivio se suma al 50% que recibía este grupo y eleva la asistencia al 75% por única vez.

El beneficio sólo alcanza a usuarios residenciales del grupo de hogares con ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) y que no superen ciertos límites patrimoniales (en promedio, para una ‘familia tipo’ se calcula que el ingreso deberá ser menor a cuatro millones de pesos). El alivio también se extiende a entidades sin fines de lucro.

El proyecto de ley busca la readecuación del régimen de subsidios al gas natural, la regularización de obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista y elimina regímenes promocionales.

Hay que aclarar que el subsidio que reciben esos hogares vulnerables cubre hasta 50 metros cúbicos de consumo de gas al mes, siendo que una casa promedio necesita cerca de 200. A pesar de que el beneficio parece acotado, desde el Gobierno explicaron que la medida apunta a contener la volatilidad de los precios internacionales y moderar el impacto en el invierno, cuando aumenta la demanda.

TARIFAS ELÉCTRICAS: COMPLICACIONES EN LOS HOGARES ELECTRODEPENDIENTES

En el caso de la electricidad, el Ministerio de Economía informó que “mantendrá la baja gradual” del esquema de subsidios que existe hasta ahora, que contempló un 25% de subsidios de las tarifas en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año. El objetivo del Gobierno es controlar su gasto mensual y compartir el costo de abastecimiento, que aumentó entre 12% y 13%.
Concretamente, amplió el bloque con precios asistidos de 250 a 300 kW/h y aplicó una bonificación del 10,5% únicamente sobre ese tramo (de 0 a 300). Como ejemplo, una familia promedio consume entre 200 y 400 kW/h mensuales, pero una casa electrodependiente, en invierno y con el uso continuo de equipos de calefacción, puede aumentar el consumo entre 600 y 1.500 kW/h al mes.

Para acceder al subsidio en este tipo de factura, se mantiene el mismo criterio respecto a los ingresos comparados con la canasta básica; el problema es que la fracción subsidiada está más lejos que el consumo promedio.
Con estas acciones, el gobierno de Javier Milei continúa avanzando activamente para que los usuarios cubran el costo real de la energía, eliminando progresivamente los subsidios masivos e implementando una tarifa plena que deberá afrontar la mayoría de los hogares.
Otra parte de la historia es el Decreto 266/2026, que habilitó al Ministerio de Economía a modificar el recargo con el que se financia el Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Esto permite que, en la Patagonia y otros puntos del país, se aplique un descuento del 50% en el valor de los ítems que componen la factura de gas. Actualmente, todos los hogares que tienen red de gas pagan en sus facturas un 7,5% aproximadamente para aportar a ese fondo, y con la modificación ese porcentaje podría escalar al 11,25%.

Es decir, con ese aumento el Estado deja en el bolsillo de las familias la obligación de contribuir lo que cuesta el gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte y, eventualmente, cuánto quiera descontar a los hogares que geográficamente estén expuestos a bajas temperaturas.
Pero, además, el proyecto presentado esta semana busca que las bonificaciones de entre 30% y 50% que actualmente rigen en las facturas de gas queden únicamente circunscriptas a la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna argentina, tal como establecía el régimen de zona fría hasta 2021.

La “Zona Fría” es un beneficio tarifario presente en la factura de gas natural y garrafas para usuarios residenciales en zonas de bajas temperaturas. Fue creado en 2002 y, en ese momento, alcanzaba a unas 850.000 viviendas. Sin embargo, en 2021 se amplió significativamente y pasó a cubrir a más de 4 millones de usuarios, lo que representa cerca de la mitad del país.
IMPACTO EN LA QUITA DE SUBSIDIOS

Según publicó el diario La Nación, desde 2023 el Gobierno le quitó los subsidios en las tarifas de luz a 2,1 millones de hogares y a casi 900.000 en las de gas.

Las familias que dejaron de recibir asistencia permitieron que el gasto público asociado baje en más de USD 5.600 millones y la proporción sobre el PBI bajó 0,6%. Según anunció el Gobierno, con los “padrones depurados”, casi la mitad de los usuarios abona tarifa plena.
Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, los aportes públicos que en 2023 equivalían a 1,5% del PBI bajaron a 1% en 2024 y caerán a 0,5% en 2025. En valores corrientes, el desembolso pasó de unos US$14.200 millones en 2022 a US$9.600 millones en 2023 y rondará los US$4.000 millones este año.

Fuente: adnsur.com.ar