USHUAIA.- A casi veinte años de aquel episodio, el caso vuelve a servir como espejo para Tierra del Fuego. No porque las situaciones sean idénticas, sino porque muestran una misma advertencia que se remite a que una reforma constitucional puede nacer desde el poder político, pero no siempre logra sostenerse cuando la sociedad percibe que detrás hay una discusión de permanencia, conveniencia o acumulación de poder.
Para entender se debe remontar al episodio misionero que ocurrió el 15 de noviembre de 2006. La Convención Constituyente, reunida en Posadas, votó por 20 votos contra 15 rechazar la modificación del artículo 110 de la Constitución provincial. Ese artículo impedía la reelección indefinida y era el punto central que el oficialismo buscaba modificar.
La figura decisiva de aquel proceso fue Joaquín Piña, obispo emérito de Iguazú, quien encabezó el Frente Unidos por la Dignidad. Su aparición ordenó políticamente el rechazo y convirtió una elección de convencionales en algo mucho más amplio: una respuesta social frente a una reforma que era leída como un traje a medida del poder provincial.
Ese es el dato más fuerte del antecedente: Misiones no frenó la reforma antes de empezar. La Convención fue elegida, sesionó y finalmente decidió no reformar. Es decir, el órgano constituyente tuvo la posibilidad institucional de modificar la Carta Magna y resolvió mantener el texto original.
En Tierra del Fuego, la diferencia es importante. La Convención nunca llegó a conformarse. La Legislatura derogó la Ley 1529 antes de que el proceso pasara a manos de convencionales elegidos por el voto popular. Por eso, el debate jurídico gira alrededor de una etapa previa: la función preconstituyente de la Legislatura.
Desde esa mirada, el Parlamento provincial podía revisar su propia decisión política y dejar sin efecto la ley que había declarado la necesidad de reforma. No estaba reformando la Constitución ni invadiendo competencias de una Convención inexistente. Estaba cerrando un proceso que todavía no había salido del terreno legislativo.
El caso Misiones sirve entonces como antecedente político, no como copia exacta. Allí la Convención dijo no desde adentro del proceso. En Tierra del Fuego, la Legislatura frenó el camino antes de llegar a esa instancia.
Cuando una reforma constitucional empieza a ser vista como una herramienta del poder antes que como una necesidad de la sociedad, el debate cambia de eje. Ya no se discuten artículos, cláusulas o procedimientos. Se discute confianza.
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