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USHUAIA.- La disputa política en la provincia suma un nuevo capítulo de confrontación ante la posibilidad de que el parlamento provincial bloquee la iniciativa del gobernador Gustavo Melella.
El legislador Pablo Villegas fue tajante al señalar que si se consiguen ocho voluntades en el recinto, la ley vigente quedaría sin efecto y el llamado a las urnas quedaría desactivado de forma inmediata.
Según la postura del referente parlamentario, la facultad de dictar o anular esta normativa reside exclusivamente en el cuerpo legislativo. En declaraciones radiales, Villegas argumentó que la gestión central tiene un papel secundario en este proceso y remarcó que “con 8 votos alcanza para derogar la ley y, en ese caso, la convocatoria a elecciones se cae”.
Este planteo jurídico genera un fuerte debate sobre las mayorías necesarias para avanzar con una marcha atrás. Mientras el oficialismo mira con cautela los movimientos en la Cámara, Villegas sostiene que al tratarse de una ley común, no se requiere una mayoría especial para su anulación. Para el parlamentario, la insistencia con el cambio constitucional “responde a la agenda de construcción y conservación del poder político del gobernador” en lugar de atender las demandas sociales.
El análisis de la situación provincial realizado por el legislador describe un panorama de vulnerabilidad extrema. En sus palabras, el distrito se encuentra en una situación económica límite, donde la falta de actividad fabril y el desempleo conviven con edificios escolares deteriorados y un sistema sanitario con prestaciones reducidas. Además, mencionó la parálisis en la obra social OSEF y la demora en los pagos a efectivos retirados de la fuerza policial.
La viabilidad financiera del Estado fue otro de los puntos de fricción mencionados durante la entrevista. Villegas afirmó que la administración local depende de adelantos financieros por cifras millonarias para garantizar el depósito de los sueldos estatales. Bajo esta mirada, calificó de inoportuno destinar recursos públicos al proceso electoral mientras se atraviesan conflictos salariales profundos en los sectores de salud y educación.
El dirigente del Movimiento Popular Fueguino insistió en que el proyecto oficialista carece de conexión con el día a día de los vecinos. Para graficar la crisis, citó los casos de jubilados con ingresos que no cubren la canasta básica y trabajadores de la educación que deben recurrir a empleos secundarios en plataformas de transporte para subsistir. En este contexto, sentenció que la sociedad requiere respuestas urgentes y no una reforma que no solucionará los problemas cotidianos.
El desenlace de esta pelea institucional se trasladará ahora a las próximas sesiones legislativas. En caso de que prospere la iniciativa de derogación, se espera un escenario de confrontación directa entre los poderes del Estado, que podría derivar en vetos gubernamentales o presentaciones judiciales por las diferentes interpretaciones de la normativa.
