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USHUAIA.- En la sede legislativa, los integrantes de la Comisión de Legislación General mantuvieron un encuentro este martes que finalizó cerca de la medianoche. Durante la jornada, el legislador Jorge Lechman consiguió el dictamen con mayoría agravada necesario para que la propuesta de anular la Ley 1529 sea analizada por el pleno de la Cámara.
La reunión concluyó pasadas las 22:30 después de una serie de intervenciones donde se expusieron miradas opuestas sobre el rumbo institucional de la isla. Con las firmas recolectadas, el asunto quedó formalmente incluido en el orden del día para la sesión que se desarrollará el próximo jueves 30.
El documento contó con el respaldo de los parlamentarios Raúl Von der Thusen, Raúl Villegas, Matías Lapadula y Natalia Gracianía, además de la rúbrica del propio Lechman. En la vereda opuesta, los representantes del PJ, Juan Carlos Pino y Victoria Vuoto, manifestaron su rechazo a la reforma y plantearon la alternativa de una suspensión, aunque optaron por no adherir al dictamen de mayoría. Por otro lado, la legisladora Laura Colazo se retiró del recinto antes del momento de la votación, mientras que los integrantes de la bancada oficialista se ausentaron de la discusión de manera integral.
Este movimiento en la estructura parlamentaria funciona como un termómetro de la actual distribución de fuerzas entre los bloques. Al haber alcanzado la mayoría agravada exigida por el reglamento para este tipo de trámites, el proyecto llega con un volumen político considerable al debate que se dará cara a cara entre todos los legisladores.
El foco del conflicto se centra en si Tierra del Fuego debe continuar o no con la modificación de su Carta Magna. Quienes buscan dar marcha atrás con la normativa vigente argumentan falta de oportunidad y cuestionan la legitimidad del proceso en el contexto actual. En contrapartida, otros sectores aseguran que es indispensable actualizar el texto constitucional para poner al día el funcionamiento de las instituciones locales.
La jornada del jueves marcará un antes y un después en esta disputa. Los parlamentarios deberán decidir si dan luz verde a la derogación, lo cual detendría de inmediato el camino reformista, o si sostienen la validez de la ley para avanzar hacia la convención constituyente.
Con un clima de negociaciones que se mantendrán activas hasta el inicio de la sesión, el recinto fueguino será el escenario donde se resuelva una de las controversias políticas de mayor peso en la agenda provincial. La resolución no solo tendrá efectos legales inmediatos, sino que también establecerá el rumbo del esquema organizativo del Estado para los próximos años.
