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BUENOS AIRES.- La actividad parlamentaria en el Congreso nacional sumó una nueva propuesta de peso con la presentación de un proyecto tendiente a derogar el Decreto 252/2026. El diputado Jorge Neri Araujo Hernández formalizó este pedido bajo el argumento de que el Gobierno central intervino de manera indebida en competencias exclusivas del Poder Legislativo. Para el autor de la iniciativa, el uso de decretos para alterar esquemas tributarios y de promoción económica daña la confianza necesaria para sostener las fuentes de trabajo y la llegada de capitales.
El planteo legislativo hace hincapié en las asimetrías que la norma impone entre los distintos distritos del país. De acuerdo al documento, la decisión presidencial favorece a ciertos puntos geográficos de manera arbitraria y omite el impacto negativo sobre aquellas jurisdicciones que poseen regímenes de promoción específicos. En esta línea, Araujo Hernández insistió en que toda modificación en las cargas impositivas debe ser producto de un consenso en las cámaras que contemple una visión federal.
Un eje central de la medida es la defensa irrestricta de la industria instalada en Tierra del Fuego. El parlamentario describió a este sistema como una política de Estado esencial para asegurar que la población se asiente en el territorio y para promover el crecimiento en una región con dificultades geográficas propias. El texto advierte que ignorar las particularidades y los recursos de las provincias puede desencadenar un cuadro de inestabilidad social y financiera en la zona austral.
Por otro lado, los fundamentos de la ley propuesta alertan sobre el peligro de una fuga de empresas hacia otras localidades menos perjudicadas por los cambios normativos. Este movimiento generaría una caída inmediata en el nivel de empleo y un daño profundo al tejido fabril de la Argentina. El legislador enfatizó que contar con reglas claras resulta indispensable para el progreso, mientras que la falta de certezas actual va en contra de la unidad territorial.
La propuesta no se limita a solicitar la nulidad del decreto, sino que también traza un camino para resolver el conflicto de manera institucional. El articulado obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Parlamento una nueva norma en un tiempo máximo de tres meses. Ese futuro esquema deberá basarse en una distribución equitativa de los beneficios y asegurar que las provincias participen directamente en la confección de las políticas que las afectan.
Con esta acción, el representante del pueblo fueguino pretende que el Congreso retome el protagonismo en el diseño de las leyes de fondo del país. El objetivo definitivo de la movida es consolidar un desarrollo nacional armónico que no pase por alto las soberanías locales y que establezca condiciones de competencia justas para todas las industrias del territorio.
