Rio Grande: 3°
4° / 4° - Nubes
2° / 2° - Nubes dispersas
USHUAIA.- La capital provincial se encuentra en el centro de una disputa que enfrenta la expansión inmobiliaria con la protección de sus recursos estratégicos. El legislador Juan Carlos Pino presentó una propuesta que pretende multiplicar de forma masiva el territorio administrativo de la ciudad. Según los fundamentos del autor, la medida es necesaria para el progreso local y permitiría unir la ruta 30 con la ruta J y la Ruta Nacional 3.
Pino detalló que “la ampliación del ejido urbano tiene que ver con el desarrollo de nuestra ciudad” y que el desembarco en Almanza facilitaría un “circuito económico sostenido en el tiempo con emprendimientos habitacionales, productivos, turísticos y pesqueros”.
Sin embargo, la falta de una hoja de ruta técnica y los gastos que demandaría semejante despliegue despertaron cuestionamientos inmediatos. Federico Sciurano, exintendente y actual par legislativo, se posicionó en contra al señalar que el déficit actual de la ciudad no es el espacio, sino la desinversión en los barrios existentes. El referente advirtió sobre la importancia de esquivar la “especulación política y el manejo económico insano” en una determinación que afectará a las próximas generaciones de fueguinos.
Desde la sociedad civil, la fundación Finnova sumó reparos sobre la viabilidad del plan. Ramiro Requejado, presidente de la entidad, manifestó que la marca Ushuaia corre riesgos innecesarios si se prioriza la cantidad de hectáreas por sobre un crecimiento ordenado. El directivo remarcó que no se debe poner en peligro los activos que hacen única a la capital de la provincia simplemente para sumar tierras sin un sentido estratégico.
En el ámbito profesional, especialistas en urbanismo desestimaron la necesidad de buscar nuevas tierras fuera del límite actual. La arquitecta e investigadora del Conicet, Lucía Fank, aportó datos que indican que la densidad habitacional de Ushuaia es sumamente baja comparada con otros puntos de la Patagonia.
La experta argumentó que la ciudad posee margen para consolidar su trazado actual antes de avanzar sobre la naturaleza. Además, indicó que una urbanización dispersa elevaría los gastos de mantenimiento de servicios públicos y generaría una mayor exclusión social por la dependencia del transporte privado.
El plano ambiental representa el punto de mayor fricción debido a que el proyecto avanzaría sobre reservorios de agua y carbono fundamentales. Ángeles de la Peña, integrante de la Fundación
Por el Mar, explicó que la afectación de las turberas implica el sacrificio de “servicios ecosistémicos irreemplazables” que funcionan como pulmones ambientales. La especialista insistió en que cualquier integración de la ciudad al territorio debe hacerse con responsabilidad y aportes multidisciplinarios para no dañar la costa del Canal Beagle.
Por último, el sector turístico local también se pronunció en contra de la urbanización masiva de las áreas naturales. Operadores del área sostienen que el perfil del visitante busca entornos vírgenes que se verían degradados por nuevos loteos.
En un contexto donde muchos barrios actuales carecen de cloacas o agua corriente, los críticos del proyecto consideran que expandir la mancha urbana sin resolver las falencias estructurales actuales representa un peligro ambiental y social difícil de revertir.
