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RÍO GRANDE.- La desesperación de los trabajadores bajo el régimen PPD en la empresa IATEC tomó estado público a través de un duro descargo dirigido a la comunidad y a las autoridades competentes.
Las familias damnificadas señalaron que ya transcurrieron 120 días sin cobrar sus haberes, situación que los sumergió en una incertidumbre absoluta. El reclamo pone el foco en la inacción de sus representantes gremiales, afirmando que los dirigentes parecen estar más interesados en las internas de otras firmas del parque industrial que en dar respuesta a una problemática estructural que arrastran desde hace más de diez años.
La falta de estabilidad no es un fenómeno reciente, pero los operarios advirtieron que la situación alcanzó un límite que calificaron de inhumano. Actualmente, los trabajadores se encuentran atrapados en una encrucijada administrativa, ya que en los registros oficiales figuran como “personas activas”, lo que les impide gestionar cualquier tipo de asistencia o ayuda social por parte del Estado.
De esta manera, el colectivo laboral denunció que legalmente están vigentes para el sistema, pero financieramente se encuentran en un estado de abandono total.
El impacto de esta parálisis económica ya comenzó a desmantelar la planta de personal de forma forzosa. Según relataron los protagonistas de la queja, muchos compañeros se vieron empujados por el hambre y la urgencia de cubrir las necesidades básicas del hogar a “arreglar” su desvinculación definitiva, perdiendo así su fuente de sustento de años. Mientras tanto, denuncian que los referentes a quienes eligieron mediante el voto mantienen un silencio que consideran cómplice ante el reclamo de efectivización.
La demanda central de los trabajadores es la estabilidad laboral definitiva para terminar con lo que describen como un ciclo perverso. Los damnificados explicaron que, bajo la modalidad actual, pasan los meses de inactividad acumulando deudas que luego intentan saldar cuando vuelven a la línea de producción, volviendo a quedar desfinanciados poco tiempo después.
El pedido es concreto y rechaza cualquier tipo de promesa vinculada a la política partidaria, exigiendo que se reconozcan los años de servicio prestados a la industria.
Finalmente, el comunicado insta a terminar con la invisibilización de los empleados bajo contrato discontinuo y exige soluciones inmediatas para las 227 familias afectadas. El grupo de operarios remarcó que ya no hay margen para las dilaciones y que la efectivización es la única herramienta capaz de garantizar la dignidad de los trabajadores que, tras años de esfuerzo, solo buscan la seguridad de un salario mensual que les permita poner un plato de comida en sus mesas.
