Denuncian falta de insumos médicos en los penales fueguinos

RIO GRANDE.- La entidad defensora de los derechos civiles en el norte de la isla expuso una realidad preocupante que atraviesan los centros de detención locales. Según manifestaron, existe una “gravísima situación que existe en las cárceles de la provincia, con un Gobierno que pone en riesgo la salud y la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”. El reclamo apunta directamente a la desprotección sanitaria que sufren quienes están bajo la órbita del sistema penitenciario.

El conflicto se centra en la suspensión de la entrega de remedios, una medida que las autoridades habrían justificado en la carencia de partidas presupuestarias. Esta decisión afecta de forma directa a pacientes con cuadros de salud mental, cuadros coronarios, presión arterial alta o diabetes. El organismo advirtió que el cuadro clínico de estos ciudadanos corre el riesgo de empeorar drásticamente ante la falta de continuidad en sus tratamientos.

Por otro lado, el comunicado detalla que el panorama en las unidades de Ushuaia y Río Grande se vuelve más complejo con el paso del tiempo. Los referentes de la organización mencionaron que se aplican soluciones temporales mediante la redistribución de lugares que ya de por sí sufren de sobrepoblación. A esto sumaron que la dieta alimentaria es insuficiente y de baja calidad, lo cual representa otro atropello a las garantías que el sector público debe asegurar.

Desde la agrupación insistieron en que, al privar a los internos de los fármacos elementales para su bienestar, la administración provincial queda en una posición de falta ante normativas vigentes. En ese sentido, remarcaron que “el Estado fueguino deberá hacerse cargo por el incumplimiento de obligaciones indelegables que figuran en tratados y acuerdos de carácter nacional e internacional”.

Para finalizar, los integrantes de la Multisectorial exigieron una intervención inmediata por parte de los funcionarios responsables para revertir la tendencia actual. El documento concluye con una advertencia sobre la responsabilidad legal y política que recae sobre las autoridades de la provincia por las consecuencias que este abandono pueda generar en la población carcelaria.