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USHUAIA.- Mediante el dictamen CPMA N°01/2026, las autoridades ambientales de la provincia expresaron este martes 7 de abril su disconformidad con el plan de reforma de la Ley Nacional N°26.639. El texto, que ya fue entregado a los senadores y diputados que representan a la isla en el Congreso, desaconseja avanzar con los cambios propuestos a la normativa que establece los estándares mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial.
La medida busca fijar una posición política e institucional clara desde el distrito sur frente a las intenciones de la administración central.
La estructura legal actual cumple la función de blindar estas áreas como reservorios naturales de agua, además de resguardar su valor para el estudio científico y su peso en el desarrollo turístico.
Desde el Consejo señalaron que el contexto de escasez hídrica y calentamiento global obliga a ratificar los criterios científicos que sustentan la ley original. Los especialistas fueguinos remarcaron que no se puede permitir una flexibilización en los niveles de protección que ya han sido alcanzados tras años de consenso jurídico.
El cuestionamiento del órgano asesor surge luego de que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional recibiera media sanción en la Cámara Alta. Durante la posterior instancia de audiencia pública en Diputados, celebrada los días 25 y 26 de marzo, se registró una convocatoria masiva con más de 102 mil interesados en exponer.
Sin embargo, la resolución provincial resalta que menos del uno por ciento de los inscriptos pudo finalmente concretar su intervención, un detalle que pone en duda la profundidad del debate social dado hasta el momento.
En otro de sus apartados, el documento apela al Acuerdo de Escazú para recordar que el Estado argentino tiene compromisos internacionales que garantizan la participación ciudadana en temas ambientales.
El organismo provincial insistió en que el Parlamento nacional debe evitar cualquier reforma regresiva, invocando los principios de derecho que prohíben reducir la protección sobre recursos naturales estratégicos.
Esta advertencia legal se suma al reclamo por una transparencia mayor en la toma de decisiones que afecten el equilibrio ecológico de la Patagonia.
La composición del Consejo Provincial de Medio Ambiente garantiza que esta postura tenga un sustento técnico diverso, ya que reúne a representantes de universidades, municipios, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Al actuar bajo la órbita del Ministerio de Producción y Ambiente, el ente funciona como una voz colegiada que busca dar respaldo académico a la defensa de los recursos naturales. Con esta notificación, la provincia espera que sus representantes en Buenos Aires defiendan la integridad de una ley que consideran fundamental para el futuro de Tierra del Fuego.
