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RÍO GRANDE.- La jueza de instrucción María Rosa Santana resolvió procesar a Nahiara Araceli Loncón, de 26 años, bajo los cargos de falso testimonio y falsa denuncia. La medida judicial se vincula directamente con las declaraciones que la mujer realizó ante los tribunales locales durante el mes de mayo de 2019.
En aquel momento, Loncón había señalado a Juan Santiago Caballero como autor de un presunto abuso sexual agravado por acceso carnal, asegurando que el ataque se produjo en un domicilio particular mientras ambos realizaban tareas de estudio.
La investigación dio un vuelco drástico cuando el acusado, con el patrocinio del abogado Francisco Giménez, presentó elementos de prueba contundentes para demostrar su inocencia. Entre las evidencias recolectadas figuran capturas de la red social Facebook y un video donde la joven le pide disculpas y reconoce abiertamente haber radicado una denuncia mendaz.
Según esta confesión, su accionar respondió a presiones ejercidas por Mabel Acuña y por su propia tía, María Angélica Cárdenas, quienes supuestamente la instigaron a realizar la presentación judicial.
En sus explicaciones posteriores, la ahora procesada manifestó que recibió amenazas relacionadas con su situación habitacional. Loncón sostuvo que fue intimidada con el desalojo de la vivienda que ocupaba en caso de no avanzar con la acusación contra Caballero.
Es pertinente mencionar que, en el período de la denuncia, el hombre enfrentaba otra causa paralela por abuso por la cual terminó condenado a 12 años de prisión, pena que actualmente cumple de forma efectiva en una unidad de detención.
El trasfondo del caso revela una trama de activismo social, dado que una de las señaladas como instigadoras, Mabel Acuña, formaba parte del colectivo Pañuelos Amarillos. Esta agrupación se dedicaba a realizar escraches públicos a personas imputadas en delitos contra la integridad sexual, siendo Caballero uno de sus objetivos y, además, ex pareja de la propia Acuña.
No obstante, la jueza Santana decidió sobreseer tanto a Acuña como a Cárdenas, aceptando sus descargos donde afirmaron que solo aconsejaron la denuncia tras escuchar el relato de la joven, sin conocer si el hecho era real o ficticio.
La resolución dictada contra Loncón no solo implica la continuidad del proceso penal en su contra, sino que también acarrea consecuencias económicas y restricciones a su libertad ambulatoria.
La magistrada fijó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 4.610.000 pesos y le impuso la prohibición de salir de la provincia mientras avance la causa. El fallo subraya la gravedad de utilizar el aparato judicial para fines espurios, afectando la transparencia de los procesos vinculados a delitos de género.
