Lechman cuestionó el proyecto del Ejecutivo sobre el puerto

USHUAIA.- La última sesión ordinaria dejó un saldo negativo para las aspiraciones del Gobierno provincial respecto a la administración de la terminal portuaria, actualmente bajo intervención. Tras una moción votada en el recinto, el cuerpo de legisladores resolvió enviar al archivo el proyecto de ley que buscaba crear una sociedad anónima para el manejo del área, una estructura que pretendía replicar el formato utilizado con la empresa Terra Ignis.

Durante el tratamiento de la iniciativa, que había ingresado días atrás como parte de un paquete de leyes, las críticas no tardaron en aparecer. El legislador Jorge Lechman encabezó los cuestionamientos al advertir que, bajo su mirada, la redacción del texto abría un camino directo hacia la transferencia de activos públicos al sector privado. Con un tono mordaz, el referente opositor resumió su postura al señalar que la propuesta “parece pensada para poner al puerto en la plataforma de Mercado Libre”.

Para el parlamentario, existe una inconsistencia insalvable en el relato del Ejecutivo provincial. Según planteó, mientras desde la gestión se hace una defensa a ultranza de la soberanía, del turismo y del valor estratégico del puerto como puerta de entrada a la Antártida, por otro lado se impulsa un proyecto que abre la puerta a un esquema de privatización. En esa línea, sostuvo que el oficialismo declama soberanía mientras avanza con una herramienta jurídica que podría dejar decisiones estratégicas a merced de intereses particulares.

Lechman profundizó su análisis al señalar que la controversia no se limita meramente a una figura legal o a una forma societaria específica. El fondo de la cuestión reside en quién conservará el control político e institucional sobre la estructura portuaria y bajo qué criterios se llevará adelante la administración de un recurso que es patrimonio de todos los fueguinos.

En ese sentido, el legislador marcó una diferencia clara entre la participación que ya tienen los privados en la operatoria diaria y la transferencia del control general del sistema. Tras recordar que el puerto es de gestión pública y pertenece a la provincia, advirtió que si el objetivo del Gobierno fuera modificar a los actuales operadores, debería expresarlo con claridad en lugar de promover un proyecto con términos tan ambiguos y generales.