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BRASIL.- “Me siento aliviada, pero mientras no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, manifestó Páez a los medios de comunicación tras conocerse el veredicto. La abogada, oriunda de Santiago del Estero, expresó su deseo de reencontrarse con su familia, asegurando que “lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”. A pesar de la traumática experiencia, reconoció que Brasil sigue siendo un destino atractivo para ella, aunque admitió que actualmente le “genera temor” regresar.
El debate judicial comenzó alrededor de las 16 horas y se extendió por casi tres horas y media. Durante la audiencia, el padre de la acusada, un abogado defensor y los periodistas fueron desalojados de la sala de audiencias por orden judicial.
En el recinto solo permanecieron la joven, su abogada defensora Carla Junqueira, el vicecónsul argentino en Brasil, y los representantes de la querella y la fiscalía. Los primeros en testificar fueron los empleados del bar donde ocurrieron los hechos, relatando lo sucedido aquel día.
Posteriormente, tras la intervención del fiscal, la defensa solicitada que el proceso judicial continuara en territorio argentino, pedido que finalmente fue concedido bajo la condición de realizar trabajos comunitarios.
A diferencia del procedimiento en Argentina, donde el juicio oral constituye una etapa posterior, el sistema judicial brasileño concentra gran parte del proceso en una única audiencia inicial.
En esta instancia, el magistrado tiene la facultad de dictar sentencia en el momento, ya sea absolviendo o condenando al acusado, o bien, decidir que el expediente pase a otra fase para un debate más profundo si no se llega a una resolución inmediata.
En este caso, la abogada defensora Carla Junqueira había anticipado la posibilidad de que todo se definiera en esa misma jornada, tal como ocurrió finalmente.
Antes de que se iniciara el debate judicial, Agostina Páez había dialogado con medios argentinos expresando su desesperación por volver a su país y su profundo temor a enfrentar una pena de prisión en Brasil. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, había afirmado la joven, visiblemente afectada por la situación.
Además de extrañar a su gente y la simpleza de “poder caminar en tranquilidad por la vereda”, Páez manifestó su preocupación por su integridad física debido a amenazas recibidas.
Respecto a las acusaciones en su contra, basada en denuncias de los empleados del local, la abogada sostuvo que las cámaras de seguridad no reflejaban lo que se alegaba y que se intentaba encuadrar una imagen racista de ella que, según sus palabras, “no ha existido”. No obstante, aclaró: “No justifica mi reacción, fue pésima, pero fue eso. Siempre quise pedir disculpas, más que nada por las personas que se han sentido ofendidas”.
El caso se remonta a las vacaciones de la joven santiagueña con sus amigas en Río de Janeiro, cuando fue captada en video realizando gestos racistas a la salida de un establecimiento en Ipanema.
La viralización de las imágenes y la denuncia de los empleados agredidos llevaron a que se ordenara su detención. Desde entonces, Agostina Páez estuvo imputada por tres hechos de injuria racial, delito que en Brasil conlleva penas severas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio según el Código Penal.
De haber recibido la pena máxima por cada uno de los hechos, la condena podría haber alcanzado hasta los 15 años de cárcel, un escenario que la abogada logró evitar mediante el acuerdo alcanzado en la justicia brasileña.
