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USHUAIA.- Este jueves, la Fiscalía de Estado denunció a los directivos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) luego de ratificar una serie de maniobras administrativas graves realizadas en torno al “Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento”.
Esta partida presupuestaria se encuentra protegida por la Ley Provincial 1596 y su fin único es asegurar la provisión de remedios e insumos para tratamientos costosos o patologías catastróficas. Pese a esta prohibición, la presidencia del ente provincial emitió las Resoluciones 170 y 171 para transferir exactamente $937.119.449,74 a una caja de libre disponibilidad.
Las auditorías practicadas sobre las cuentas de la institución sacaron a la luz que el dinero se usó para cancelar facturas de proveedores que nada tienen que ver con la atención de pacientes críticos.
En el Dictamen N° 05/26, el Fiscal de Estado fue tajante al señalar que el carácter de “específico” de ese patrimonio impide legalmente que se lo destine a pagar sueldos, funcionamiento administrativo o deudas de la tesorería general. El documento oficial resalta que estas decisiones representan una vulneración directa a la legislación vigente que rige el sistema asistencial.
La investigación parlamentaria y judicial sumó testimonios de trabajadores de la propia OSEF e informes contables que desmoronan la estrategia de la defensa. Estos datos técnicos aseguran que la farmacia de la obra social no atravesaba un desabastecimiento real que obligara a declarar una emergencia para romper la ley.
De acuerdo al análisis de los peritos, las demoras en las entregas de medicamentos se deben a una gestión deficiente en la cadena de pagos y no a la carencia de fondos, dado que el dinero estaba resguardado en su cuenta original hasta que se ordenó el desvío.
La presentación judicial encuadra el accionar de los funcionarios en delitos graves como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. Desde la fiscalía remarcaron que, al vaciar la cuenta de asistencia para cuadros delicados, las autoridades pusieron en jaque la continuidad de terapias vitales para los afiliados más vulnerables de la provincia. La acusación sostiene que la urgencia financiera no puede ser una excusa para desproteger a quienes dependen de estos remedios para vivir.
Como cierre de la etapa administrativa, el Fiscal de Estado notificó formalmente sobre estas actuaciones al gobernador Gustavo Melella, a los bloques de la Legislatura y al Tribunal de Cuentas.
El objetivo de este movimiento es que la justicia penal avance con las sanciones contra la cúpula actual mientras los organismos de control evalúan el daño institucional. La situación deja al descubierto la fragilidad que atraviesa la prestadora de salud de los estatales y abre un nuevo capítulo de conflicto en la administración pública.
