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USHUAIA.- El sector privado de la capital fueguina unificó su postura para manifestar un firme desacuerdo ante el Asunto Nº 172/24, el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento provincial para extender los límites de la ciudad. Esta reacción institucional es el corolario de un relevamiento técnico iniciado en diciembre por la fundación FINNOVA, que convocó a profesionales para desmenuzar las implicancias urbanísticas, ambientales y productivas de la propuesta oficial.
La iniciativa legislativa busca llevar la superficie de Ushuaia de las actuales 10.800 hectáreas a una extensión que supera las 115.000, lo que representa incrementar el mapa administrativo más de diez veces. Las entidades advirtieron que este movimiento carece de una estrategia de ordenamiento previa que establezca el destino de las tierras o la infraestructura necesaria. Además, denunciaron que los fundamentos del proyecto no resisten un análisis técnico, ya que se pretende justificar la expansión por la demanda de viviendas sin presentar un diagnóstico real que relacione el déficit habitacional con la falta de espacio físico.
Un punto de conflicto sustancial reside en la terminología del texto, que define la zona como “ejido urbano”. Para los empresarios, esta denominación condiciona el uso del suelo hacia la edificación, ignorando que gran parte del área posee funciones ambientales y turísticas. En ese sentido, sugirieron que cualquier discusión sobre los límites jurisdiccionales debería referirse a un “ejido municipal”, término que no impone la urbanización sobre el territorio y respeta la vigencia de la Ley 597, encargada de regular el suelo en la zona afectada.
Desde las cámaras aseguran que Ushuaia cuenta con herramientas para absorber el crecimiento poblacional sin salir de sus márgenes actuales. Al cruzar datos del Plan de Ordenamiento Urbano y del Plan Estratégico Ushuaia Sostenible, los especialistas determinaron que la ciudad podría albergar a 130.000 habitantes mediante políticas de densificación. Actualmente, la capital registra 740 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy por debajo de los niveles de Bariloche, Comodoro Rivadavia o Río Gallegos, lo que demuestra que la prioridad debería ser consolidar la planta urbana existente.
El sector empresarial planteó que resulta incoherente pretender una expansión masiva mientras la ciudad arrastra deudas históricas de infraestructura, como barrios con servicios a medias, calles en mal estado y un relleno sanitario que ya alcanzó su límite. El documento institucional enfatiza que la falta de vivienda se explica por la inexistencia de crédito hipotecario y la cantidad de terrenos baldíos dentro de los límites actuales. Por este motivo, consideran que vender la ampliación como una solución habitacional equivale a “generar falsas expectativas” en los vecinos que buscan su techo propio.
La protección del entorno natural es otro de los ejes de la resistencia, debido a que el proyecto pretende anexar áreas compuestas por turberas, humedales y bosques nativos que funcionan como reservas hídricas naturales. Las instituciones cuestionaron que el trazado de los nuevos límites responda a criterios geométricos de mapas en lugar de respetar cuencas y sistemas ambientales. Como ejemplo de los riesgos de crecer sin reglas, mencionaron lo ocurrido en la Ruta J hacia Almanza, donde ya se registran construcciones sin servicios ni ordenamiento previo.
Por último, el sector privado puso el foco en la inseguridad jurídica que provocaría la derogación de la Ley Provincial 597, contemplada en la propuesta de ley. Al quitar este marco normativo, la definición sobre el uso de la tierra quedaría sujeta a decisiones discrecionales, poniendo en riesgo el paisaje que es el motor de la hotelería y la gastronomía. Ante este escenario, los representantes pidieron a la Legislatura frenar el avance del proyecto y abrir un debate que cuente con el aporte de universidades, colegios profesionales y especialistas técnicos.
