La Justicia castigó al Gobierno por la demora excesiva en el trámite de una pensión

USHUAIA.- El máximo tribunal de Tierra del Fuego dictó una sentencia que pone la lupa sobre los tiempos burocráticos de la administración pública local. En una resolución reciente, los jueces declararon abstracta una demanda de Amparo por Mora presentada por una ciudadana, aunque obligaron al Gobierno a hacerse cargo de todos los gastos del proceso judicial. La medida se fundamenta en la “injustificada postergación” en la que incurrió el Estado para resolver el otorgamiento de una pensión asistencial.

La controversia se originó cuando la solicitante, registrada con las iniciales N.M., presentó su pedido bajo los lineamientos de la Ley 389 el pasado 14 de agosto de 2024. Pese a la naturaleza del reclamo, la firma del decreto que le reconoció el derecho recién se concretó el 28 de octubre de 2025. Un dato que los jueces no pasaron por alto es que la respuesta oficial apareció únicamente después de que el Ejecutivo recibiera la notificación de la demanda judicial en su contra.

En los fundamentos del fallo, la ministra Edith Miriam Cristiano señaló de forma tajante que la gestión del expediente estuvo “irrazonablemente postergada”. La magistrada advirtió que la Provincia no presentó pruebas que justificaran semejante retraso ni pudo atribuirle la demora a la beneficiaria. En su voto, la jueza sostuvo que “se evidencia una injustificada postergación que claramente condujo a la promoción de la presente acción”, postura que fue acompañada por la totalidad de los ministros del cuerpo.

La Corte provincial aprovechó la sentencia para sentar una postura firme respecto al trato que deben recibir los sectores más desprotegidos de la sociedad. Los magistrados instaron al Gobierno a aplicar una mayor rigurosidad en los niveles de protección cuando se tramitan beneficios para personas con discapacidad. El tribunal recordó que el acceso a una justicia rápida y eficiente es una obligación estatal que no puede quedar sujeta a los vaivenes de la administración.

Con esta resolución, el Superior Tribunal de Justicia dejó en claro que la inacción administrativa tiene consecuencias legales y económicas para el erario público. Aunque la pensión fue finalmente otorgada, el Estado deberá abonar las costas del juicio por haber forzado a la mujer a recurrir a la vía legal para obtener lo que le correspondía. El fallo busca evitar que las demoras sistemáticas se transformen en una barrera para quienes dependen de estos ingresos para su sustento diario.