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USHUAIA.- El panorama del trabajo registrado en Tierra del Fuego presenta indicadores que encienden las alarmas en el sector productivo local. De acuerdo con el último relevamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia experimentó una contracción del 10,7% en el empleo privado formal durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Este balance surge de un estudio pormenorizado sobre el uso de los fondos públicos y el comportamiento de las contrataciones en el sector privado.
La magnitud del retroceso ubica a la isla en la posición 20 sobre las 24 jurisdicciones del país, integrando así el grupo de distritos con los números más rojos a nivel federal. La comparación con la región patagónica acentúa la gravedad del cuadro, ya que la vecina Chubut mostró una baja sensiblemente menor del 4,4%. Con este escenario, el territorio fueguino apenas logra superar en dinámica laboral a provincias con rezagos estructurales históricos como son los casos de La Rioja y Formosa.
Los especialistas que analizaron los datos consideran que esta caída de doble dígito representa el agotamiento de una gestión que priorizó la falta de transparencia en las erogaciones estatales por sobre la capacidad de competir. Mientras tanto, otras regiones del país como Neuquén y Río Negro registraron indicadores positivos del 3,4% y 0,7% respectivamente. Esos distritos mostraron una mayor flexibilidad y apostaron a la llegada de capitales en el rubro energético, marcando un contraste evidente con la parálisis regulatoria que hoy asfixia a la industria austral.
Ante este cuadro de situación, el informe sostiene que la provincia debe alinearse con las transformaciones estructurales que impulsa la gestión nacional de Javier Milei. Se plantea que el RIGI y la modernización de las leyes laborales aparecen como las únicas herramientas capaces de modificar la tendencia actual. El análisis identifica estos dos pilares como la base necesaria para iniciar una reconstrucción que la realidad económica local exige de manera inmediata.
La puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se presenta como el camino para captar capitales destinados a obras de infraestructura en puertos y el sector de hidrocarburos. El objetivo principal radica en que el desarrollo deje de estar atado a la conveniencia de la caja política y pase a depender de un marco de previsibilidad y confianza para quienes deciden invertir.
Por otra parte, los datos del SIPA sugieren que el empresariado local mantiene una postura defensiva frente a la incorporación de personal genuino. Se menciona la necesidad de actualizar los marcos normativos para que quienes dan trabajo pierdan el “temor a la industria del juicio” y los operarios puedan gozar de estabilidad bajo condiciones salariales dignas.
En el tramo final, el documento señala que el Estado provincial no debería intentar ocultar esta destrucción de empleos mediante el engrosamiento de las plantillas públicas. El texto hace hincapié en que la sostenibilidad de las familias en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande está ligada a un sector privado saludable y no a un esquema de asistencia estatal que se debilita progresivamente. La advertencia es clara respecto a que se debe optar por el camino de la libertad económica para salir del “pelotón del fondo” y recuperar el rol protagónico que la provincia supo tener en el sur del país.
