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USHUAIA.- El gobierno provincial de Gustavo Melella dio un paso polémico al oficializar la baja de un programa musical que funcionaba como refugio y oportunidad para adolescentes de sectores vulnerables. La iniciativa permitía que cientos de jóvenes accedieran al aprendizaje de instrumentos bajo estándares de formación sinfónica, promoviendo una movilidad social que hoy queda trunca. Mientras los docentes pierden sus puestos de trabajo, los alumnos se quedan sin su espacio de pertenencia, en un contexto donde la comunidad denuncia una gestión de recursos que prioriza el gasto político y la pauta publicitaria por sobre la inversión cultural.
El malestar de los padres y el personal educativo se hace sentir frente a una resolución que poco tiene que ver con la optimización del Estado. Las críticas apuntan a que, de forma simultánea al recorte en educación, se mantienen estructuras de asesores, dietas legislativas y salarios altos para la dirigencia, además de proyectos de obra pública que no llegan a materializarse. Esta medida se suma a una serie de decisiones que limitan las oportunidades de los jóvenes fueguinos en un territorio donde la brecha social se hace cada vez más profunda.
La decisión gubernamental interrumpe una política que asiste directamente a coros y orquestas donde participan 170 chicos. El programa había nacido bajo órbita nacional en 2015 y, tras ser suspendido por Nación, fue absorbido por la provincia a través de la secretaría de Políticas de Inclusión dependiente del Ministerio de Educación.
El esquema operativo se basaba en un lote de 1500 horas cátedra que se repartían entre medio centenar de profesores distribuidos en las tres ciudades de la provincia. La propuesta alcanzaba a niños y adolescentes de entre 8 y 18 años, abarcando disciplinas de música coral, bandas y orquestas.
En el desglose por localidades, Río Grande contaba con la mayor participación juvenil a través del coro infantil Akainik, el juvenil Remate de Voces, y las agrupaciones Toluken y Big Band Fuego Jazz. Por su parte, en Tolhuin se destacaba el ensamble de percusión Latido Austral, mientras que en Ushuaia desarrollaban su actividad el coro Voces en el Viento y el ensamble de cuerdas Umbral de la Aurora.
La dinámica pedagógica incluía clases semanales y la entrega de instrumentos en comodato, una modalidad que permitía que los alumnos se llevaran los equipos a sus hogares bajo el compromiso familiar de preservarlos. Sin embargo, este ciclo se cortó abruptamente con el inicio del año.
Al terminar el año pasado, las familias entregaron los instrumentos por el receso estival. Según relató la docente Andrea, al personal se lo instó a trabajar en las colonias de verano bajo la advertencia de que “si no participábamos peligraba nuestra continuidad”, y pese a que la mayoría cumplió con esa tarea, finalmente fueron notificados de que no seguirán en sus puestos.
La incertidumbre también rodea al equipamiento, ya que los profesores confirmaron que los instrumentos permanecen en depósitos escolares, pero el destino final de los mismos no está claro. “Nadie se hace cargo. Los chicos no los tienen y nosotros como estamos dados de baja no tenemos acceso a eso”, denunció la docente ante la falta de respuestas oficiales.
La situación se tensó aún más tras una reunión con Belén Córdoba, nueva funcionaria del área, quien confirmó el cierre definitivo del espacio artístico y la eliminación de las horas cátedra. El encuentro dejó en claro que la voluntad política es no dar marcha atrás con la medida.
Desde el entorno de las familias, el pesar es absoluto debido a que consideran que más de 170 estudiantes pierden un lugar de contención y crecimiento. “Este programa no enseñaba únicamente música, era educación real, fortalecía las trayectorias escolares, promovía la permanencia en la escuela y generaba sentido de pertenencia”, aseguraron los padres mediante un comunicado.
El impacto económico del cierre es otra de las barreras mencionadas por los afectados. Yanina, una de las madres que encabeza el reclamo, graficó la imposibilidad de sostener la formación de manera privada al mencionar que su hija ya no podrá tocar el saxofón que le prestaba el programa. “Un saxofón sale 8 millones de pesos, algo que yo nunca le voy a poder comprar”, sentenció con angustia.
Ante la falta de soluciones, la comunidad educativa y cultural inició una campaña de difusión para visibilizar el conflicto. El objetivo es presionar a las autoridades del Ministerio de Educación y sumar el apoyo del resto de la sociedad para evitar que el silencio oficial termine por sepultar el programa.
