Abogados caros, estrategia barata y un final anunciado en la Corte

USHUAIA.- La intervención del Puerto de Ushuaia terminó donde muchos sabían que iba a terminar: en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No por una jugada jurídica brillante ni por una defensa sólida, sino después de una secuencia de decisiones erráticas, gastos millonarios y una estrategia que dejó a la Provincia sin margen de maniobra.

La resolución judicial conocida esta semana no sorprendió. El Juzgado Federal de Ushuaia hizo lo que le correspondía: ordenó el expediente, rechazó planteos improcedentes y se declaró incompetente. La Justicia no falló contra la Provincia. La Provincia llegó sola hasta acá.

Lo llamativo no es el desenlace, sino el recorrido. En el camino quedaron honorarios elevados, contratos costosos y una defensa que, vista en perspectiva, parece más propia de la escuelita de Giselle Rímolo que de un equipo preparado para litigar un conflicto institucional de esta magnitud. Mucho gasto, mucha gestualidad y resultados nulos.

Hubo presentaciones paralelas, intentos de atajos procesales y hasta una recusación sin causa que fue rechazada sin demasiadas vueltas. Mientras tanto, la intervención avanzó, el plazo empezó a correr y la Provincia perdió lo único que necesitaba preservar: tiempo y control del escenario.

La intervención fue dispuesta por 12 meses, con posibilidad de prórroga. En los papeles, un período acotado. En la práctica argentina, una puerta abierta. Sin una defensa firme y bien dirigida, esos doce meses pueden estirarse sin dificultad y terminar ocupando buena parte —o incluso la totalidad— del mandato del actual gobierno nacional.

Haber llegado a este punto después de gastar fortunas en asesoramiento jurídico sin resultados a favor de los fueguinos es algo que el Gobierno provincial debería explicar con detalle.

La Corte decidirá. La cuenta, como siempre, ya la pagaron los fueguinos.