Rio Grande: 6°
5° / 5° - Muy nuboso
BUENOS AIRES.- La Cámara de Senadores se convirtió en el epicentro de la discusión política tras el ingreso del proyecto de reforma laboral redactado por la gestión de La Libertad Avanza. El plan oficial busca instaurar un esquema inédito en el mercado de trabajo mediante la regularización de deudas impositivas y una reconfiguración de la representación de los gremios. Justo antes de iniciar la sesión, Patricia Bullrich, como portavoz del bloque oficialista, anunció diversas correcciones sobre el texto que ya tenía el visto bueno de las comisiones de trabajo.
Recorrido de la ley
El camino parlamentario de esta iniciativa arrancó formalmente a mediados de diciembre, en un plenario donde confluyeron funcionarios nacionales, dirigentes sindicales y cámaras del sector privado. Las modificaciones que se votan en esta jornada tendrán una incidencia directa en la forma de liquidar los haberes mensuales, el sistema de despidos y la organización de los tiempos de descanso de los empleados.
Sueldos en pesos o dólares
En lo que respecta a los salarios, el articulado habilita la posibilidad de cancelar las remuneraciones en moneda extranjera de forma opcional. Tras una serie de tratativas con los bloques de la oposición, se resolvió quitar del proyecto la chance de depositar sueldos en billeteras virtuales. En paralelo, se suma la denominada “negociación dinámica”, que permite acordar pagos extra vinculados a objetivos de productividad por fuera de lo que marcan los convenios colectivos.
Actualización de bajas laborales
La propuesta gubernamental prevé un ajuste a la baja en los montos de las indemnizaciones al excluir del cálculo conceptos como el aguinaldo y los premios que no sean de carácter mensual. Además, se estipula que las sentencias por juicios del sector se actualicen por inflación con un recargo del 3% anual, quitando esa facultad a los jueces. El proyecto también contempla que las compañías puedan abonar estas deudas en cuotas, con un máximo de 6 para las grandes y 12 para las PyMES.
Indemnización
Siguiendo la línea trazada anteriormente, se promueve el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un sistema de retiro financiado por los empleadores. De acuerdo al último borrador, las grandes firmas aportarán el 1% de la nómina mientras que las pequeñas desembolsarán el 2,5%, con la posibilidad de subir levemente esos porcentajes. Este esquema será de adhesión voluntaria y los montos aportados se podrán descontar de las cargas sociales, lo cual impactará en los ingresos del sistema previsional argentino.
Organización de la jornada
La flexibilidad horaria es otro de los pilares del proyecto, permitiendo que las vacaciones se fraccionen en períodos mínimos de una semana. Asimismo, se incorpora el “banco de horas”, un sistema para que el tiempo extra trabajado se acumule como crédito para compensar con días libres o reducciones de jornada, presentándose como una alternativa al cobro tradicional de horas suplementarias con los recargos vigentes por ley.
Servicios esenciales y huelgas
En el ámbito de la acción gremial, la reforma amplía el listado de actividades que deben garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante las protestas. El catálogo ahora abarca la educación en casi todos sus niveles, la seguridad y el transporte de caudales. Además, se define una categoría de servicios de importancia trascendental, que incluye a la industria alimenticia y los bancos, donde la prestación mínima no podrá ser inferior al 50%.
Dinámica gremial y convenios
La normativa también interviene en la vida interna de los sindicatos al exigir autorización de las empresas para realizar asambleas y determinar que ese tiempo no será remunerado. Un punto de fuerte debate es la eliminación de la ultraactividad, lo que implica que los convenios vencidos perderán vigencia. Por otro lado, se establece que los acuerdos por empresa tendrán mayor peso que los nacionales, incluso si estos últimos ofrecen condiciones menos ventajosas para el operario.
Incentivos para el blanqueo
Como cierre del paquete, se propone un plan de beneficios de un año para quienes contraten personal que hoy se encuentra fuera del sistema o en el sector público. Las empresas que aumenten su nómina tendrán descuentos en contribuciones durante cuatro años. En simultáneo, se ofrece una amnistía para empleadores con personal no registrado que incluye la baja de multas y planes de pago de hasta 72 cuotas para regularizar la deuda con el Estado.
