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RIO GRANDE.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte puso en marcha este miércoles 11 el debate oral para determinar las responsabilidades penales de un hombre y una mujer en una causa por grooming y explotación sexual. Los imputados están señalados por captar menores a través de plataformas digitales con el fin de obtener y circular registros de contenido explícito.
En el inicio de esta instancia, que se desarrolla de manera no pública, los procesados se abstuvieron de prestar declaración ante los magistrados. Posteriormente, el área de Delitos Complejos expuso un relevamiento pormenorizado de las pesquisas que permitieron identificar cuatro hechos específicos que serán el eje de la acusación. Ante la incorporación por lectura de los testimonios restantes, el tribunal que preside Verónica Marchisio, junto a los vocales Juan José Varela y Eduardo López, dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de febrero para dar comienzo a los alegatos.
La fiscalía, representada por Vanina Cantiani, sostiene que Diez y Juárez operaban una estructura dedicada a la tenencia, fabricación y venta de archivos con imágenes de abuso sexual infantil desde su domicilio en Río Grande. Según la instrucción de la causa, este material no solo circulaba en distintas jurisdicciones del país, sino que era exportado hacia redes de pedofilia ubicadas en Europa Occidental, Europa del Este y Asia.
Las pruebas recolectadas durante los procedimientos policiales de 2022 arrojaron el secuestro de una gran cantidad de soportes tecnológicos. Las pericias posteriores confirmaron la existencia de una base de datos de gran escala que incluía registros fílmicos y fotográficos de niños de muy corta edad, detectándose víctimas que promedian los 4 y 5 años.
Un rasgo distintivo de este expediente respecto a otros antecedentes en Tierra del Fuego es el hallazgo de material de autoría propia. La investigación pudo establecer que los sospechosos establecían vínculos virtuales con menores de edad para exigirles el envío de imágenes de desnudez, contenido que luego ingresaba al circuito comercial ilegal de las redes de pedofilia tras el pago de sumas de dinero.
Dentro de la mecánica de captación, la acusación remarcó el papel desempeñado por Juárez. La mujer se habría valido de sus rasgos físicos para aparentar ser una menor de edad en las redes sociales, táctica que le permitía ganarse la confianza de las víctimas para iniciar el hostigamiento y la posterior producción del material prohibido.
La pareja enfrenta ahora un proceso encuadrado en el artículo 128 del Código Penal Argentino. Los cargos incluyen la figura de grooming, además de la producción y comercialización de representaciones de abusos sexuales explícitos contra menores. La representación legal de los acusados es ejercida por los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Nacarato.
En paralelo a la instancia criminal, se confirmó la intervención de la Justicia de Familia para garantizar la integridad de los hijos menores de la pareja. Las medidas de resguardo se activaron tras constatar que los niños se encontraban en un entorno de exposición a situaciones de extrema vulnerabilidad, lo que podría derivar en una imputación adicional por corrupción de menores, agravada por el vínculo de cuidado.
