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RIO GRANDE.- Luego del ataque de perros cimarrones en la Misión Salesiana, el legislador provincial Matías Lapadula presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, productiva y sanitaria en la provincia ante la crítica situación generada por el ataque de perros cimarrones, especialmente en la zona norte. La iniciativa busca habilitar herramientas urgentes y excepcionales para abordar un problema que, según advirtió, “ya no admite más demoras”.
“Estamos claramente ante una situación de emergencia. No solo desde lo productivo, sino también desde lo ambiental y sanitario”, sostuvo Lapadula en diálogo con Radio Provincia, al tiempo que alertó por el riesgo de reaparición de enfermedades graves como la hidatidosis, que habían sido erradicadas gracias a campañas sostenidas de prevención.
“El problema es serio y afecta directamente a las personas. Con la proliferación de perros asilvestrados corremos el riesgo de que enfermedades que ya estaban erradicadas vuelvan a aparecer”, remarcó el legislador.
Lapadula cuestionó que, hasta ahora, el problema no haya sido asumido con la gravedad que requiere, y recordó que la ley vigente de manejo de poblaciones caninas, sancionada en 2016, “no dio resultados concretos. No se declaró ninguna emergencia ni se dotó al Estado de herramientas reales para actuar. Solo se relevó la situación en las ciudades, cuando el verdadero problema está en la zona rural”, explicó.
Medidas excepcionales para una situación excepcional
El proyecto propone, mientras dure la emergencia, suspender la aplicación de la Ley 680, que prohíbe la eutanasia de perros, para permitir un plan integral que involucre al Estado provincial, los municipios, los productores rurales y el sector científico.
“Como toda emergencia, las medidas pueden gustar o no, pero hay que tomarlas. No se puede seguir sin hacer nada”, afirmó Lapadula. Y fue contundente al señalar que “no podemos esperar a que ocurra una tragedia, a que un perro ataque o mate a una persona para recién ahí reaccionar”.
En ese sentido, el legislador sostuvo que los perros que hoy operan en jaurías en el campo “ya no son animales domesticables” y que la solución debe ser rápida, eficiente y basada en criterios técnicos, evitando el sufrimiento innecesario pero actuando con decisión.
El contraste del financiamiento: Provincia vs. Municipio
Uno de los puntos más críticos que expuso Lapadula tiene que ver con el financiamiento destinado a esta problemática. Según detalló, la ley provincial de manejo de poblaciones de perros asigna apenas 1.400.000 pesos por año, una cifra que calificó de “irrisoria”.
“Estamos hablando de poco más de 100 mil pesos por mes. Con eso no se puede financiar absolutamente nada”, advirtió.
El contraste es contundente y el legislador lo planteó explicando que “el Municipio de Río Grande destina cerca de 2.000 millones de pesos anuales al control de mascotas, vacunación, castraciones masivas y tenencia responsable. Mientras tanto, la Provincia pretende abordar un problema mucho más complejo con 1,4 millones por año. Es totalmente desproporcionado”.
Para Lapadula, este dato expone la necesidad de repensar seriamente el presupuesto y avanzar en un programa real de erradicación de perros asilvestrados en zonas rurales.
Una responsabilidad colectiva
El legislador también puso el foco en la tenencia irresponsable de mascotas como uno de los factores que llevaron a la situación actual. “Llegamos hasta acá por la desidia y el incumplimiento de normas básicas de convivencia. Eso también hay que decirlo”, afirmó.
Finalmente, remarcó que el abordaje debe ser integral y coordinado, con participación de municipios, productores, organismos científicos como el CADIC y el Estado provincial. “Tenemos mucho trabajo por delante, pero es ahora. Esta es una situación que no puede esperar más”, concluyó.
