Mientras la Provincia mide el problema, el campo enfrenta solo la emergencia

RIO GRANDE.- La ley existe. El marco legal también. Incluso está reconocido oficialmente que el perro asilvestrado es una especie exótica invasora, con habilitación para el control en zonas rurales. Sin embargo, en el territorio, esa normativa nunca se tradujo en una política operativa sostenida. No hay brigadas de captura, no hay despliegue permanente y no hay resultados medibles en términos de reducción poblacional.

Lo que sí hay son informes, censos, monitoreos con cámaras y guías técnicas. El Estado fueguino sabe cuántos perros hay, dónde se mueven y cómo se reproducen. Pero no actúa en consecuencia.

El campo como única línea de defensa

Ante la ausencia de respuestas concretas, los productores rurales se convirtieron, de hecho, en la única barrera real frente al avance de las jaurías. Con recursos propios, debieron implementar alambrados eléctricos, incorporar perros protectores de ganado y reforzar la vigilancia permanente de sus establecimientos.

Estas medidas —avaladas técnicamente, pero financiadas por privados— lograron reducir ataques en algunos casos, aunque no atacan el núcleo del problema: la expansión descontrolada de los perros cimarrones en vastas zonas del territorio fueguino.

Mientras tanto, la Provincia sigue operando bajo un esquema reactivo, interviniendo solo después de ataques consumados, sin capacidad de respuesta inmediata ni despliegue territorial acorde a la magnitud de la emergencia.

Datos sobran, acciones faltan

Los números oficiales son contundentes. Estudios del CADIC-CONICET estiman una población superior a los 25.000 perros de vida libre, una cifra que incluye tanto animales urbanos sin control como jaurías plenamente asilvestradas en áreas rurales. Sin embargo, las capturas efectivas realizadas por el Estado se cuentan por decenas, una proporción irrisoria frente a una tasa de reproducción exponencial.

La Provincia ha optado por profundizar el diagnóstico permanente: más cámaras, más relevamientos, más informes. Pero no existe un plan sistemático de control poblacional, ni se informa públicamente cuántos recursos se destinan a acciones concretas en el campo fueguino.

Cuando el Estado llega tarde

El episodio ocurrido en febrero de 2026 en la Escuela Agrotécnica Salesiana de Río Grande expuso con crudeza esta realidad. En una sola noche, más de 100 animales fueron masacrados por jaurías de perros asilvestrados. No fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de inacción estructural.

Tras cada ataque, se repite el mismo esquema: relevamiento, informe técnico y promesa de seguimiento. La prevención nunca llega antes.

Proyecciones alarmantes

Sin un plan de captura y control sostenido, la proyección es inquietante. En condiciones silvestres, una hembra puede tener dos camadas anuales, con un promedio de cinco cachorros. Con una base poblacional de 25.000 ejemplares, la población podría duplicarse o triplicarse en apenas dos años, superando los 60.000 perros hacia 2028.

No se trata de una hipótesis alarmista, sino de una proyección biológica básica que el propio Estado reconoce en sus estudios, pero que no logra traducir en acción.

Mucho diagnóstico, poca decisión

La Guía de Manejo presentada en 2025 puede ser valiosa en el plano académico, pero no detiene jaurías ni protege majadas. La Ley 1146 tampoco falla por falta de marco legal, sino por la ausencia de decisión política para ejecutarla plenamente.

Hoy, Tierra del Fuego enfrenta una paradoja evidente: nunca supo tanto sobre el problema, y nunca hizo tan poco para resolverlo. Mientras tanto, el campo fueguino resiste en soledad, pagando el costo económico y productivo de una emergencia que el Estado reconoce en los papeles, pero no enfrenta en el territorio.