Ushuaia le reclama a Provincia por una deuda millonaria

USHUAIA.- La gestión municipal de la capital fueguina manifestó su profunda preocupación por la interrupción en el envío de las partidas presupuestarias que el Gobierno provincial debe transferir por ley. Esta irregularidad en el flujo de dinero empezó a condicionar el funcionamiento diario de la ciudad y el mantenimiento de prestaciones que no pueden postergarse. De acuerdo con las proyecciones de la administración local, el bache financiero representa un atraso de aproximadamente treinta días en los ingresos que le corresponden por derecho a la capital.

Sobre este punto, el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, dio detalles de la magnitud de una deuda que pone bajo presión las cuentas públicas. El funcionario especificó que “a cálculos de esta semana, probablemente estemos en torno a los 10.000 o 11.000 millones de pesos, que son 30 días de atraso en el envío de fondos”. Según su visión, este mecanismo le permite al Ejecutivo provincial administrar durante un mes entero recursos que pertenecen genuinamente a los contribuyentes del municipio.

El titular del área política puso el foco en la incertidumbre que genera la falta de previsibilidad para afrontar los gastos corrientes. Iriarte manifestó que “esto empieza a poner en riesgo prestaciones de servicios que son básicos” y remarcó que, una vez garantizada la masa salarial, el municipio se encuentra con dificultades para pagar contratos de gran volumen, entre los que destacan la recolección de residuos y el transporte de pasajeros. En ese sentido, sostuvo que “tener 30 días de atraso realmente pone en jaque las finanzas municipales”.

Si bien el tironeo por los fondos registra capítulos anteriores, el análisis de los equipos técnicos demuestra que el desfinanciamiento se agravó de manera exponencial en el último tramo del ejercicio anual. El secretario explicó que “es algo que se viene dando a lo largo del año, pero que se profundizó de una manera muy preocupante desde fines de noviembre para acá”, una situación que coloca a la Intendencia frente a un panorama administrativo muy complejo.

En cuanto al vínculo político con la administración provincial, el funcionario reconoció que los canales de comunicación siguen abiertos, aunque aclaró que resultan estériles si no se traducen en respuestas concretas. “El diálogo está, porque aun sabiendo que nos van a enviar menos recursos necesitamos saber cuánto es lo que nos van a enviar para poder programar”, afirmó, mientras ponía en tela de juicio el recorte constante en los coeficientes que conforman la coparticipación.

Desde la Secretaría de Gobierno buscaron desmarcar el reclamo de cualquier especulación partidaria y lo encuadraron como una falta de atención institucional que termina golpeando a la gente. Iriarte fue tajante al señalar que “no remitir los fondos implica que los vecinos no tengan disponibilidad de esos recursos para volcarlos en obras o en servicios básicos”, al tiempo que abogó por un esquema normativo que termine con el manejo discrecional de las partidas.

La crisis financiera también proyecta una sombra sobre la estabilidad del orden público en la capital. El funcionario advirtió que “si esto sigue avanzando va a afectar la paz social”, entendiendo que el estrangulamiento de los recursos suele ser la antesala de tensiones gremiales por el pago de haberes o la suspensión de servicios esenciales. Frente a este panorama, la Intendencia prevé convocar a los sindicatos para mostrarles la realidad de las cuentas municipales.

Para terminar, la gestión de Vuoto considera que la resolución de este conflicto pasa por un giro en la voluntad política de la provincia. “Esto más que diálogo requiere decisiones políticas”, aseguró Iriarte, tras sugerir que el Estado provincial tiene margen para ajustar en otros sectores. El secretario finalizó su intervención afirmando que “hay estructuras de gastos innecesarios que se pueden revisar antes de achicar los recursos que son de los municipios”, exigiendo un cambio de rumbo en la política de gastos ante el actual contexto económico.