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USHUAIA.- El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal con asiento en Ushuaia, que sostuvo que el Juzgado Federal local no es competente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. Con esa definición, el expediente quedó fuera del ámbito judicial fueguino y encaminado, en los hechos, hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal con competencia para resolver una controversia entre una provincia y un organismo nacional.
El pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal se conoció luego de que el juzgado rechazara habilitar la feria judicial y, antes de resolver sobre la competencia, dispusiera dar intervención al Fiscal de Estado para que se expidiera en representación de la provincia. Ese paso previo no solo anticipó el desenlace procesal, sino que dejó expuestas debilidades formales en la estrategia adoptada por el Ejecutivo fueguino.
En su dictamen, el fiscal federal fue categórico al señalar que el tribunal de Ushuaia carece de atribuciones para analizar la legalidad de la intervención del Puerto. En ese mismo marco, también descartó la posibilidad de otorgar la medida cautelar solicitada por Tierra del Fuego, al considerar que acceder al pedido de anular la intervención implicaría avanzar sobre el fondo de la cuestión, algo improcedente cuando el tribunal no es competente para resolver el caso.
El alcance del dictamen, sin embargo, fue más allá de la cuestión de competencia. El fiscal federal formuló una observación directa sobre la estrategia legal desplegada por la provincia, al advertir que la acción debió haber sido promovida desde el inicio por la Fiscalía de Estado, el órgano constitucionalmente habilitado para ejercer la representación legal del Estado fueguino en este tipo de litigios.
Ese señalamiento dejó la ineficacia de la acción en la presentación realizada por fuera de los canales institucionales habituales, a través de una contratación externa que demandó un desembolso estimado en 65 mil dólares, solventado con fondos públicos. En ámbitos judiciales y políticos, el dato fue leído como uno de los planteos más costosos encarados por el Estado fueguino en los últimos tiempos, sin que ello haya evitado el cierre de la vía federal local.
Con este contexto, el trámite judicial ingresa ahora en una etapa conocida por su extensión en el tiempo. Una vez que el juzgado formalice la declaración de incompetencia y remita las actuaciones, el expediente deberá ser admitido y analizado por la Corte Suprema, que dará vista a las partes y, eventualmente, a la Procuración. Ese recorrido no contempla plazos breves.
Mientras tanto, no existe ninguna suspensión automática de la intervención. A falta de una cautelar expresa del máximo tribunal —una decisión excepcional—, el acto administrativo continúa vigente. En términos concretos, el dictamen del fiscal federal no solo ordenó la cuestión de competencia: también dejó expuesta una de las estrategias judiciales más caras adoptadas por la provincia y consolidó un escenario en el que el tiempo juega a favor de la continuidad de la intervención.
