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USHUAIA.- Durante el año electoral 2025, la Dirección Provincial de Puertos destinó más de $4.000 millones al Ministerio de Economía y otorgó asistencia financiera al Ministerio de Salud, sin que hasta el momento se haya informado de manera detallada el destino final de esos recursos.
Las transferencias se realizaron mientras se desarrollaba la campaña legislativa nacional de diputados y senadores del año pasado y, en paralelo, el Gobierno provincial promovía una eventual reforma constitucional, con un costo estimado superior a los $8.000 millones.
En ese mismo período, la Legislatura provincial, frente a la situación crítica que atravesaba la obra social OSEF, aprobó con mayoría absoluta una ley orientada a brindar asistencia a los afiliados.
La decisión respondió a un escenario caracterizado por la falta de medicamentos, tratamientos oncológicos suspendidos, demoras en la atención y derivaciones que, si bien constituyen una alternativa para garantizar atención médica, también implican interrupciones y retrasos en tratamientos de alta complejidad. En ese contexto, se registraron fallecimientos de pacientes que no lograron acceder a tiempo a la atención necesaria, lo que evidenció la gravedad del cuadro sanitario.
El Decreto con la claridad del Artículo SEPTIMO: FINANZAS
La norma sancionada por la Legislatura contemplaba la utilización de fondos del Puerto para atender esa emergencia. Sin embargo, la ley no fue vetada ni aplicada. Los recursos que estaban previstos para asistir a la obra social no se destinaron a ese fin, mientras que el Puerto sí fue utilizado como fuente de financiamiento para otras áreas del Poder Ejecutivo.
En cuanto al Ministerio de Salud, si bien recibió asistencia financiera, no se difundieron informes públicos que detallen el uso de esos fondos ni los resultados obtenidos en términos de mejoras en las prestaciones sanitarias, lo que dejó abiertos interrogantes sobre la eficacia de esas transferencias.
Con el Puerto intervenido y sin esa fuente de recursos disponible, el Gobierno provincial enfrenta hoy un escenario fiscal más restrictivo. Parte de ese impacto comenzó a trasladarse a los municipios mediante recortes en la coparticipación, una medida que generó planteos por parte de las administraciones locales y sumó tensión al cuadro general.
En este contexto, los movimientos de fondos del Puerto quedaron asociados a un esquema de financiamiento político con recursos públicos. Las transferencias se realizaron durante un año atravesado por campañas electorales y por la promoción de una reforma constitucional que no introduce cambios concretos en la vida cotidiana de los fueguinos, mientras que los recursos previstos para atender la emergencia de OSEF no fueron utilizados.
La falta de rendiciones claras y la no aplicación de la ley votada por la Legislatura consolidaron la percepción de que el Puerto funcionó como una fuente de financiamiento del poder político, en detrimento de su finalidad específica.
El resultado es un ente sin inversiones acordes a los fondos utilizados, una obra social que continúa atravesando dificultades severas y municipios que hoy enfrentan ajustes por la escasez de recursos.
