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USHUAIA.- Mientras Tierra del Fuego arrastra un escenario social delicado, con salarios ajustados, servicios públicos tensionados y un puerto que acumula años de deterioro, el Gobierno provincial decidió avanzar con una estrategia judicial que ya implica un gasto millonario y en moneda extranjera. Solo para poner en marcha la demanda contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), la Provincia comprometió el pago de USD 60.000 en honorarios profesionales, a desembolsar en tres cuotas.
El expediente FCR 000090/2026, radicado en el Juzgado Federal de Ushuaia, tramita como una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Es decir, no suspende decisiones nacionales ni devuelve el control del Puerto de Ushuaia, sino que busca una definición abstracta sobre el alcance de las competencias federales.
El dato no es menor: los USD 60.000 corresponden únicamente al inicio de la acción judicial. Se trata de un esquema de pago en tres cuotas, lo que confirma que el costo no es potencial ni futuro, sino un compromiso ya asumido por las arcas provinciales.
Convertido a pesos al tipo de cambio oficial, el monto supera largamente los 80 millones de pesos. Y eso sin contar eventuales ampliaciones, costas judiciales o nuevas instancias que puedan surgir en un proceso que, por su naturaleza, puede extenderse durante años.
La demanda fue patrocinada por el constitucionalista Juan Carlos Cassagne, un nombre de peso en el derecho administrativo, aunque su intervención no altera un dato central: una acción declarativa no resuelve el conflicto operativo ni devuelve a la Provincia el control efectivo del puerto.
En términos prácticos, la Provincia paga a través de todos los fueguinos en dólares para discutir una cuestión que no tendrá impacto inmediato sobre la gestión portuaria, mientras el sistema sigue funcionando bajo un esquema de control que el propio Ejecutivo dejó avanzar tras años de desinversión y falta de decisiones políticas.
El gasto judicial contrasta con una realidad provincial marcada por dificultades en salud, una obra social en ruinas y una educación en crisis y salarios que no llegan a cubrir la canasta básica. En ese contexto, la prioridad presupuestaria elegida vuelve a quedar bajo la realidad paralela de un gobierno que hace agua por todos lados: dólares para abogados, pero soluciones postergadas para los problemas estructurales de todos los fueguinos.
Ahora lcausa se encuentra “en despacho” y cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Ushuaia, a cargo de la fiscal federal María Lía Hermida.
