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USHUAIA.- La administración central de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella, volvió a avanzar sobre la autonomía financiera de los distritos locales mediante la firma de la resolución 040/26.
El documento, rubricado por el flamante titular de la cartera económica, establece un incremento en el porcentaje de recursos que se destinan al Fondo de Prestaciones Prioritarias, lo que se traduce en una merma inmediata del dinero que reciben los tres municipios por el goteo diario de impuestos compartidos.
Este nuevo esquema impositivo entrará en vigencia a partir de febrero y sitúa nuevamente a los intendentes como el principal blanco de ajuste frente al complejo panorama del erario provincial.
En lugar de diseñar un programa de austeridad que contemple la reducción de los gastos propios del Estado, el gabinete de Melella decidió aplicar una salida veloz que consiste en podar los ingresos de los gobiernos municipales.
Un aspecto que genera malestar en el arco político es la ausencia de un plan de metas fiscales por parte del nuevo responsable de Economía. Hasta el momento no se han presentado proyecciones sobre el equilibrio de las cuentas ni se conocen esquemas para reducir el déficit operativo de la provincia.
Tampoco hubo anuncios oficiales que apunten a revisar las estructuras de las diferentes áreas gubernamentales o a eliminar aquellas erogaciones que no resultan productivas para la sociedad.
La maniobra actual parece limitarse a delegar el peso de la crisis en los municipios, que ahora se ven obligados a garantizar la prestación de servicios esenciales con una caja mucho más reducida.
Esta decisión afecta de manera directa la operatividad de las intendencias para sostener el alumbrado, la limpieza y la asistencia social básica en un contexto de alta demanda.
La quita se implementó sin que mediara un debate previo en la Legislatura provincial y sin proponer mecanismos que compensen la pérdida de poder adquisitivo de las ciudades.
El accionar del Gobierno expone una conducta sistemática en la que el ajuste no se realiza sobre la burocracia central, sino que se descarga sobre las gestiones locales que tienen el contacto directo con el vecino.
En vez de asumir el costo político de ordenar el gasto interno y sanear las cuentas de la gobernación, el Ejecutivo optó por debilitar la salud financiera de las ciudades. Este movimiento contradice el discurso de federalismo interno que suele pregonar la gestión provincial en sus apariciones públicas.
Mientras el gobernador y su equipo de asesores económicos evitan dar detalles sobre cómo piensan alcanzar la estabilidad financiera a largo plazo, las medidas adoptadas confirman la falta de un rumbo claro. El conflicto con las intendencias no solo se profundiza por el impacto económico del decreto, sino que también deja en evidencia la improvisación en el manejo de la crisis actual.
