El Gobierno de Melella se encierra en su propio relato y desconoce las pruebas que motivaron la intervención del Puerto

USHUAIA.- Lejos de ensayar una autocrítica o de dar respuestas concretas ante la andanada de pruebas que derivaron en la intervención del puerto de Ushuaia, el entorno de Gustavo Melella parece decidido a habitar una realidad paralela. La estrategia oficial se concentra en presentar el desembarco nacional como un atropello injustificado, ignorando los graves antecedentes y las evidencias técnicas que se presentaron de forma previa a la medida administrativa.

En este marco de resistencia a los hechos, el titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, salió a cruzar los informes sobre el desvío de fondos en la terminal de Ushuaia. Con un discurso que busca minimizar la gravedad de la situación, el funcionario calificó las sospechas de corrupción como un invento de la Casa Rosada para justificar una intervención que, según su visión, carece de fundamentos válidos.

Sobre la acusación específica de triangulación de recursos, Murcia negó de plano que el puerto haya auxiliado económicamente a la OSEF, a pesar de las sospechas que pesan sobre el manejo de las partidas. El funcionario se limitó a desmentir los giros de dinero, intentando separar la gestión portuaria de la crisis de la obra social, en un intento por blindar una administración que hoy se encuentra bajo la lupa judicial y administrativa.

La falta de aceptación de la realidad fue aún más evidente cuando Murcia justificó el polémico préstamo de capitales del Puerto al Gobierno Provincial. Lejos de verlo como una descapitalización del ente, lo presentó como una inversión ventajosa, asegurando que la gestión de Melella paga las cuotas “en tiempo y forma”, omitiendo que esos fondos deberían haber sido destinados a la infraestructura de una terminal que hoy presenta serias deficiencias.

Incluso ante las críticas por el estado del muelle, el funcionario insistió en que la calidad y excelencia de los servicios son óptimas, apoyándose únicamente en el movimiento semanal de buques como si eso anulara las faltas técnicas denunciadas. Murcia utilizó la propia resolución de intervención —que permite seguir operando para no frenar la actividad— como una supuesta prueba de que el puerto no tiene fallas, forzando una interpretación a favor del relato oficial.

Finalmente, el referente portuario confirmó que la Provincia agotará las instancias administrativas y judiciales para recuperar el manejo del área. Con un discurso cargado de localismo, la gestión de Melella busca evitar el control externo, insistiendo en que la potestad sobre el puerto es un derecho que está por encima de cualquier auditoría o sospecha de irregularidad financiera.