Rio Grande: 11°
8° / 8° - Nubes
RIO GRANDE.- La sede riograndense de la Obra Social del Estado Fueguino (Osef) fue el escenario de una concentración que reunió más de sesenta afiliados en un reclamo por el vaciamiento prestacional. Bajo la vigilancia de efectivos policiales, los manifestantes expresaron su repudio a la gestión del organismo, señalando que las deficiencias en el servicio de salud se han vuelto insostenibles para las familias que dependen de la cobertura estatal.
El reclamo se centró en la vulneración del derecho a la salud, manifestada a través de trabas administrativas y el recorte en la entrega de remedios para patologías crónicas. Los asistentes expusieron que el acceso a medicación de alto costo y las internaciones domiciliarias se encuentran actualmente bajo un esquema de cobertura deficiente, lo que empujó a muchos beneficiarios a las puertas de la institución para exigir soluciones inmediatas.
Durante la jornada, la fachada del edificio fue intervenida con leyendas que denunciaban el manejo discrecional de los recursos y la falta de transparencia en la dirección del ente. Los familiares de los pacientes destacaron que no se trata de una protesta aislada, sino de una situación de emergencia que afecta la dignidad de quienes necesitan atención médica urgente y no reciben respuesta de las autoridades.
Camila Herrera, uno de los casos testigos
Uno de los casos testigos que tomó relevancia fue el de Camila Herrera, quien detalló la difícil situación de su madre tras meses de gestiones infructuosas para obtener fármacos oncológicos. Según su relato, el conflicto burocrático se remonta a julio de 2025 y, ante la ausencia de insumos, se ven obligados a administrar el tratamiento de forma irregular, a pesar de haber recurrido a la vía judicial para intentar salvar la vida de la paciente.
Habrá una presentación judicial
En el lugar, el abogado Walter Luciani adelantó que la asamblea de afiliados resolvió trasladar el conflicto al ámbito penal para determinar las responsabilidades por el incumplimiento de funciones. El letrado sostuvo que el Gobierno es quien designa a la cúpula de la obra social y, por ende, debe responder por la falta de asistencia que hoy priva a los beneficiarios de servicios básicos como kinesiología o acompañamiento terapéutico.
Luciani hizo hincapié en que incluso las sentencias favorables obtenidas mediante amparos están siendo ignoradas por la conducción de la OSEF. Asimismo, cuestionó el diseño institucional del organismo, indicando que el sistema de voto doble de la presidencia anula cualquier posibilidad de control por parte de los representantes de los trabajadores, quienes quedan siempre en minoría frente a las decisiones de la gestión política.
Juntarán firmas
Para formalizar el planteo ante la Justicia, se habilitarán centros de recepción de firmas en el espacio donde funciona la Asociación de Trabajadores Municipales sito en Viedma 698 de la ciudad de Río Grande. La estrategia busca agrupar las denuncias individuales en un escrito conjunto que autorice al profesional a realizar el seguimiento de la instrucción penal, una vez que la actividad en los tribunales se normalice tras el periodo de feria.
Por último, el representante legal vinculó la crisis con un supuesto uso indebido de los aportes de la seguridad social para financiar otros gastos del Gobierno. Según su visión, la solución de fondo requiere recuperar la autonomía de esos fondos para garantizar el flujo de prestaciones, proceso que comenzará a tramitarse formalmente a partir de la próxima semana con la recolección de las adhesiones de los damnificados.
