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Gallegos lanzan una nueva avanzada pesquera hacia las aguas de Malvinas

Un total de dieciséis buques españoles iniciaron su travesía hacia el Atlántico Sur para operar con licencias británicas que la Argentina desconoce. La maniobra expone la contradicción de una España que declama apoyo diplomático en la ONU mientras sus empresas sostienen la caja de la ocupación en las islas.

USHUAIA.- Las terminales portuarias de Beiramar volvieron a quedar en el centro de la polémica tras la partida de una flota de dieciséis naves que busca explotar el caladero de las Islas Malvinas. Esta maniobra fue ratificada por los medios españoles Faro de Vigo y Atlántico, que dieron cuenta del inicio de la temporada 2026 bajo un esquema de permisos que carece de validez legal para el Estado argentino.

En esta expedición hacia el hemisferio sur sobresalen las embarcaciones Falcon y Prion, que forman parte de una sociedad mixta donde participa la compañía gallega Pescapuerta. A estos nombres se le suman otros catorce barcos que integran el despliegue comercial como el Golden Chicha, Hermanos Touza, Hadassa Bay, New Polar, Robin M. Lee, Argos Cíes, Argos Pereira, Argos Berbés, Beagle FI, Venturer, Sil, Monteferro, Monte Lourido e Igueldo.

La prensa de la península mantiene una postura que ignora el nombre de Puerto Argentino al denominarlo como “Port Stanley” en sus crónicas sobre la zafra pesquera. Esta situación representa una afrenta directa a los derechos de soberanía de nuestro país y se ejecuta al margen de las resoluciones internacionales que instan al diálogo por el territorio usurpado.

Los reportes que llegan desde Europa contienen información de gran relevancia económica al señalar que el gobierno colonial británico fijó un piso de captura de 10.000 toneladas de calamar para el presente año. La medida surge como respuesta a la pésima performance de la zafra anterior, en la cual los niveles de extracción sufrieron un derrumbe que encendió las alarmas de los armadores.

Existe una contradicción evidente en los documentos del Departamento de Pesca de la administración británica que circulan en Galicia, ya que ellos mismos admiten que el recurso está en riesgo y que cumplir con ese cupo mínimo será difícil. No obstante, Londres decidió garantizar el negocio para proteger inversiones que superan los 240 millones de euros en equipamiento nuevo, congelando además el costo de los cánones hasta el año 2027.

La lógica de este modelo extractivo privilegia el lucro de las empresas españolas por sobre cualquier tipo de protección del ecosistema marino en el Atlántico Sur. Se trata de una estructura diseñada para garantizar la viabilidad financiera de la colonia británica a pesar de que la biomasa de calamar muestra señales inequívocas de fatiga.

Este movimiento de la flota de Vigo vuelve a desnudar la ambigüedad de la gestión exterior del Estado español. Si bien en las Naciones Unidas los representantes de Madrid acompañan la postura argentina sobre Malvinas para obtener apoyo en su reclamo por Gibraltar, en la realidad del mercado son sus capitales los que permiten que la ocupación británica sea rentable.

El alto nivel de vida que se registra en las islas se explica fundamentalmente por las ganancias que generan estas sociedades entre gallegos e isleños. España respalda formalmente la causa de la descolonización en las asambleas internacionales pero al mismo tiempo actúa como el pulmón económico de la presencia británica en el territorio.

La apropiación de estos bienes naturales no es solo una pérdida económica cuantiosa que promedia las 250.000 toneladas anuales, sino que también hiere la memoria histórica nacional. Argentina posee la comunidad de descendientes gallegos más grande del mundo y muchos de ellos combatieron en las islas durante el conflicto de 1982 para defender la integridad territorial.

Resulta un contraste doloroso que los barcos que hoy comprometen el patrimonio marítimo argentino partan justamente desde las tierras de donde vinieron los abuelos de miles de compatriotas. El deterioro del caladero es indiscutible con cifras que bajaron de las 100.000 toneladas en 2022 a menos de 60.000 en 2025, llegando incluso a un piso de 18.000 toneladas en la zafra pasada.

La fragilidad del sistema actual no es producto del azar sino de décadas de explotación sin un control científico que sea genuino. La campaña 2026 se perfila entonces como un manotazo de ahogado para rescatar las finanzas de una flota que, con el aval de Londres, parece decidida a vaciar el mar antes de que el recurso desaparezca definitivamente.