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RIO GRANDE.- Lo que comenzó como un traspié administrativo en el mes de noviembre se terminó asentando como una norma de funcionamiento para el Poder Ejecutivo. Por tercera vez en fila, el personal que presta servicios mediante contratos de locación recibió sus liquidaciones podadas, percibiendo solo la mitad de lo acordado. Esta metodología se repitió de manera sistemática durante diciembre y el reciente enero, dejando a una gran masa de trabajadores en una situación de zozobra financiera.
En la capital fueguina, el descontento crece entre quienes garantizan el funcionamiento de áreas de mantenimiento, tareas administrativas y asesorías profesionales. El denominador común para estos agentes estatales es la falta de precisiones por parte de las autoridades, quienes se limitan a sostener una promesa de regularización que hasta el momento nunca se materializó. Esta política de pagos a cuentagotas posiciona a los contratados como el eslabón más débil del ajuste que lleva adelante la provincia.
La desigualdad laboral queda en evidencia al comparar las tareas desempeñadas. Estos agentes cumplen con las mismas cargas horarias y responsabilidades que el personal de planta permanente, incluso superándolos en exigencia técnica en diversos sectores, pero con una remuneración que oscila entre los $650.000 y $800.000 mensuales. De ese monto, que de por sí ya es reducido, deben detraer los costos de su propia estructura como trabajadores independientes, incluyendo el pago de impuestos, aportes a la AREF y los honorarios de los contadores que gestionan su facturación.
El impacto en la economía doméstica de los afectados es devastador al tener que afrontar el costo de vida con apenas una fracción de sus ingresos. Desde las oficinas gubernamentales se percibe un clima de resignación y angustia, dado que los trabajadores aseguran que se les exige continuidad en sus labores mientras el Estado no cumple con su parte del trato. El silencio de los funcionarios ante los reclamos internos es la respuesta constante que reciben los damnificados.
Un factor que impide la visibilización del conflicto es el temor a las represalias directas sobre la continuidad de los vínculos laborales. El miedo a perder la única fuente de sustento familiar funciona como una mordaza efectiva para evitar denuncias públicas o medidas de fuerza. Existe una presión solapada donde el cuestionamiento a la falta de pago se traduce automáticamente en el riesgo de quedar fuera de la administración en la próxima renovación.
A este escenario de precariedad se le suma la utilización de estos trabajadores para fines ajenos a sus funciones contractuales. Es habitual que el personal sea instado a participar en actos oficiales o eventos proselitistas bajo una supuesta colaboración voluntaria que, en la práctica, es una extensión de la misma presión laboral. Estas exigencias extra se dan en un marco donde el derecho a la estabilidad es inexistente.
Al igual que sucedió a fines del año pasado, la comunicación oficial brilla por su ausencia y no existen explicaciones sobre el destino del dinero restante. El desamparo es total si se tiene en cuenta el rol de los sindicatos estatales, los cuales no han emitido pronunciamientos ni han tomado el reclamo de este sector como propio, dejando a los contratados sin una estructura que defienda sus intereses frente a la patronal pública.
La modalidad de locación de servicios, que el Estado utiliza desde hace décadas para cubrir baches estructurales, muestra hoy su cara más cruda. Se trata de un sistema que permite al Gobierno disponer de fuerza de trabajo calificada sin otorgar derechos básicos ni estabilidad, sumando ahora el agravante del incumplimiento salarial. Lo que en un principio pudo interpretarse como una excepción, hoy aparece como una decisión política de disciplinamiento a través del bolsillo.
Mientras el conflicto escala en las oficinas públicas, los agentes continúan asistiendo a sus puestos de trabajo a la espera de una solución. La deuda acumulada por el 50% impago de los últimos tres meses genera una incertidumbre que se transforma en bronca contenida. La incógnita principal radica en cuánto tiempo más podrá sostenerse el engranaje estatal basado en la precarización y el temor de sus propios trabajadores.
