Nación le envió a Melella un salvataje de $20.000.- millones

USHUAIA.- Tierra del Fuego atraviesa un arranque de año marcado por una asfixia financiera que obligó al gobernador Gustavo Melella a barajar y dar de nuevo. La crisis, que venía gestándose por el rechazo de la Fiscalía de Estado a prorrogar los vencimientos de deuda de corto plazo en diciembre, terminó de detonar ante la falta de consensos políticos en la Legislatura, dejando a la provincia sin un Presupuesto 2026 aprobado. Este complejo escenario derivó en una purga inmediata del gabinete económico y en un pedido de auxilio directo a Balcarce 50.

Salvavidas condicionado

El salvataje que pidió Melella se materializó mediante un convenio con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. El documento establece el giro de ARS$ 20.000 millones bajo la figura de anticipos financieros de coparticipación. Sin embargo, el alivio es efímero. El contrato obliga a la provincia a reintegrar el total del capital dentro del mismo mes de enero. Además, el préstamo devengará intereses basados en la tasa TAMAR de la banca privada, una carga que suma presión a una estructura de gastos corrientes que ya se encuentra al límite.

Lo cierto es que la fragilidad institucional provincial se cobró las cabezas de los máximos responsables de las finanzas. Antes de que se secara la firma del acuerdo con Nación, ya se habían oficializado las renuncias de Francisco Devita (Economía), Eduardo Almirón (Finanzas) y María de los Ángeles Vásquez (Hacienda). En este contexto de “silla eléctrica”, Alejandro Barrozo asumió la conducción de la cartera económica con el desafío de tender puentes con los acreedores y los sectores industriales, en un momento donde la liquidez es un recurso escaso.

El mercado privado se aleja de Melella

Desde el sector privado, el análisis es lapidario. Para especialistas como Leonardo Pérez Bustos, de la consultora Neodelfos, no se trata de un simple bache estacional, sino de un desfasaje estructural donde los ingresos crecen a un ritmo muy inferior a los compromisos asumidos. La imposibilidad de colocar deuda nueva y la rigidez del gasto público han dejado al Estado con un margen de maniobra casi nulo para la inversión en infraestructura o planificación productiva.

El frente externo también suma nubarrones. Moody’s Local mantuvo la calificación en la categoría BBB, considerada “grado especulativo”, reflejando el riesgo de los compromisos fueguinos. Lo que pasa es que la provincia debe afrontar este año vencimientos por US$ 25,7 millones correspondientes al bono TFU27, reestructurado en 2023. El cronograma de pagos se extiende hasta 2030, con cuotas que oscilan entre los 22 y 25 millones de dólares anuales, una mochila pesada para una economía que ve cómo sus principales motores pierden revoluciones.

A este contexto se le suma la caída de la actividad industrial y extractiva lo que completa el cuadro de crisis. La apertura de importaciones y la quita de aranceles impulsada por la gestión de Javier Milei impactaron de lleno en el régimen de promoción de Río Grande, obligando a las electrónicas a revisar sus plantillas y planes de producción.

En paralelo, el sector energético no da respiro ya que la Cuenca Austral pasó de producir 35 millones de metros cúbicos de gas diarios en 2024 a unos 25 millones en la actualidad, mientras que el petróleo muestra un desplome mayor, cayendo de 22.800 barriles diarios en 2015 a apenas 9.700 en los últimos registros del IAPG.

Para intentar revertir la sangría de divisas, el Gobierno provincial apuesta a un cambio de matriz con la reciente aprobación de la salmonicultura a escala industrial, una actividad prohibida hace cuatro años. Asimismo, la transferencia de los activos maduros de YPF a la empresa provincial Terra Ignis representa una jugada de alto riesgo que requerirá inversiones millonarias para frenar el declive natural de los pozos.

El resultado es que sin un presupuesto que ordene el norte económico, el futuro de estos activos estratégicos queda sujeto a la resolución de la interna política y la estabilidad macroeconómica nacional.