USHUAIA.- Aquella recordada expresión del exmandatario santacruceño y expresidente de la Nación tiene su origen en una entrevista brindada el 26 de mayo de 2002. En aquel entonces, el debate nacional giraba en torno a la disciplina fiscal, y hoy esa postura vuelve a ser parte de la agenda pública frente a las dificultades que acechan a la administración de Gustavo Melella. El gobernador cerró un 2025 marcado por problemas de fondo y comenzó este nuevo ciclo con una profundización del cuadro recesivo.
La advertencia de Néstor Kirchner sobre que “si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso” se remonta a finales de la década de los 90, cuando el rigor en el gasto público era un eje central de la discusión política. En el contexto actual de Tierra del Fuego, tales palabras recuperan una vigencia inusitada y ponen el foco sobre el desempeño de la gestión local.
El panorama en la provincia más austral muestra indicios de un agotamiento evidente. La estrechez de las arcas públicas ya no se puede disimular, mientras el margen para tomar medidas se reduce y el aparato estatal opera bajo un estrés permanente. El reciente alejamiento de la cúpula económica provincial expuso las debilidades de un esquema que se sostenía mediante un relato de calma que chocaba contra una realidad de restricciones crecientes.
Este escenario no surgió de manera imprevista, sino que responde a un deterioro que se prolongó a lo largo del tiempo. La administración fueguina estiró sus posibilidades financieras en medio de erogaciones que superaban la recaudación y una línea política que evitó realizar los ajustes necesarios para sanear las cuentas.
Desde los despachos oficiales se argumenta que el origen de los males se encuentra en la coyuntura nacional, la merma en los envíos de fondos y las deudas provenientes de mandatos anteriores. Sin embargo, el ejercicio de la gobernación demanda resoluciones firmes ante la adversidad, y la salida de los funcionarios del área financiera demostró que el rumbo no podía mantenerse simplemente con justificaciones dialécticas.
El retorno de la sentencia de Kirchner no funciona como una amenaza judicial, sino como un llamado a la reflexión sobre la tarea del gobernante, que debe ir más allá de la atención de los problemas cotidianos. Se trata de reconocer que ante una crisis institucional de magnitud, la dirigencia política tiene la obligación de rendir cuentas sobre su desempeño.
Gustavo Melella enfrenta ahora la necesidad de resolver si continuará navegando en la emergencia o si encarará una transformación estructural del modelo vigente. La cita histórica persiste en el imaginario colectivo para remarcar que las acciones de gobierno tienen efectos concretos y que la responsabilidad por el destino de una jurisdicción no se puede transferir a terceros.
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