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USHUAIA.- El procedimiento administrativo orientado a la contratación del servicio de seguridad para el Puerto Ushuaia tomó una velocidad notablemente superior a la observada en la respuesta a los requerimientos formulados por la órbita nacional.
Estos requerimientos surgieron en el marco de una auditoría llevada a cabo sobre la Dirección Provincial de Puertos (DPP). Mientras el informe federal todavía espera una contestación formal, el Ejecutivo provincial ya dejó avanzado un proceso de contratación que supera los 400 millones de pesos.
La firma Bushido Seguridad Privada resultó ser el único oferente en condiciones de ser adjudicado.
La cronología de los hechos resulta sumamente llamativa. El organismo nacional detectó irregularidades, solicitó precisiones formales e instó a que se ordenaran los procedimientos administrativos internos.
La contestación oficial de la provincia aún no fue remitida. No obstante, la DPP sí encontró la capacidad y la determinación para relanzar la licitación que había sido dada de baja previamente y habilitar un nuevo proceso considerado de “urgencia”. Esta metodología terminó concentrando la disputa en una sola empresa.
La operatoria se había iniciado con la Licitación Pública N° 03/2025, cuyo objetivo era reforzar la vigilancia del acceso principal y el sector donde operan los catamaranes. Este llamado original fue revocado mediante la Resolución RES-1060-2025, medida que se dictó inmediatamente después de que se conocieran las observaciones provenientes del ámbito nacional.
Si bien las razones específicas de la baja no se hicieron públicas, en el entorno portuario se vincula directamente esta decisión con el informe federal.
A escasos días de la revocación, la DPP emitió un nuevo llamado, identificado como Licitación Pública N° 06/2025. El presupuesto oficial pautado se mantuvo en los $313.605.852. Se presentaron tres firmas: Prosegur, Vigilan y Bushido. Las dos primeras fueron desestimadas durante la etapa formal debido a inconsistencias en su documentación. De esta manera, Bushido fue la única que superó la revisión completa, con una oferta económica de $407.750.250, un monto que excede en más de 90 millones de pesos la estimación inicial de la propia Dirección Provincial de Puertos.
En paralelo al avance del expediente, comenzó a circular en el ámbito portuario una versión sobre la conformación de la empresa oferente. Se mencionaba la participación de un ex integrante de Prefectura, un ex efectivo de la policía colombiana y otros socios ligados al rubro de la seguridad privada.
Ninguno de estos antecedentes se encuentra asentado en la documentación pública, la cual solo exhibe la razón social y el número de CUIT.
La situación de fondo genera una notoria paradoja dentro del organismo portuario. La auditoría federal exigió explicaciones precisas sobre los procedimientos internos, pero la Provincia no articuló una respuesta formal.
A pesar de esto, el organismo decidió priorizar el avance de una licitación millonaria sin aguardar a clarificar los puntos señalados. La decisión política fue clara: se habilitó el llamado a contratar, pero no la resolución de los problemas estructurales. Se priorizó la firma del servicio por sobre la organización interna.
Una vez que se rubrique la adjudicación, Bushido Seguridad Privada asumirá el control operativo de los accesos y de la zona donde funcionan los catamaranes. Este es uno de los espacios más sensibles y neurálgicos del puerto.
Si bien el proceso, en su faz formal, cumplió con la totalidad de los pasos legales, la percepción interna es diferente. Las observaciones de la Nación quedaron en suspenso, pero la licitación siguió su curso sin pausas.
