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USHUAIA.- La gestión provincial a cargo del gobernador Gustavo Melella anunció el mantenimiento del esquema de 190 días de clases para el ciclo lectivo 2026. Esta pauta incluye un mínimo de setecientas sesenta horas reloj para la enseñanza primaria y novecientas para la secundaria, en sintonía con lo convenido por todas las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, este gesto político se da en un contexto de desconfianza profunda.
Esta medida, presentada como una promesa de calidad, se estrella contra la experiencia reciente. Durante el año en curso, la provincia no pudo siquiera cumplir la carga horaria mínima efectiva. Extensas huelgas, severas deficiencias edilicias y una conflictividad gremial incesante han marcado el pulso del sistema educativo fueguino.
El anuncio pretende proyectar voluntad política y armonía con la agenda educativa nacional. No obstante, el diagnóstico territorial es sensiblemente más complejo. Las instituciones de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin acumulan años consecutivos de inestabilidad, con escasez de maestros, infraestructura deteriorada y una sensación de desamparo entre la comunidad.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) sostiene que el Ejecutivo no dispone de un plan concreto para recuperar el calendario. A su juicio, la falta de diálogo y la ausencia de previsión han provocado un retroceso histórico en el sistema.
En respuesta, el Ministerio de Educación persiste en su discurso de “garantizar la continuidad pedagógica”. A pesar de ello, no se han detallado las acciones necesarias para asegurar que los alumnos completen la jornada diaria de manera efectiva.
El ciclo 2025 cerrará sus puertas con la mayoría de los establecimientos educativos con menos de ochenta jornadas de clase. La mayor parte de estas jornadas fueron solo presenciales sin contenido curricular, producto de las denominadas “desobligaciones”, donde el docente permanece en el colegio, pero no imparte conocimientos. Además, la carga horaria estuvo por debajo de lo normado, una falencia que se arrastra hace varios períodos. Las explicaciones son diversas: disputas salariales, una infraestructura deficiente, falta de mantenimiento edilicio y demoras en la cobertura de las vacantes docentes.
La sumatoria de estos factores debilita la posibilidad de acatar el calendario formal y profundiza las inequidades educativas dentro de la provincia.
En paralelo a estos hechos, el discurso oficial habla de un compromiso con la “calidad”. Pero en la práctica, los padres y los estudiantes se enfrentan a cierres frecuentes, turnos reducidos y una caída constante en el rendimiento escolar.
El desafío para el año entrante será mayúsculo. Para cumplir los 190 días se requiere no solo sostener las escuelas abiertas, sino asegurar condiciones reales para el aprendizaje. El Gobierno provincial deberá abordar problemas de fondo que se vienen acumulando. Estos incluyen edificios con serios problemas de mantenimiento básico, un déficit de docentes en áreas sensibles, la interrupción en los programas de refuerzo pedagógico y una evidente desarticulación entre el Ministerio y los establecimientos.
El anuncio oficial se interpreta como una señal política, pero la sociedad fueguina, hastiada de promesas sin sustento, exige soluciones tangibles. Lo que se reclama son aulas activas, maestros en sus puestos y un Estado que considere la educación como una prioridad innegociable. Los 190 días no deben ser una simple estadística sino una transformación efectiva del sistema educativo que reconstruya la confianza y garantice el derecho a aprender.
