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USHUAIA.- Un conflicto de larga data por el suelo urbano en los barrios altos de la ciudad ha escalado tras la denuncia de un negocio espurio. La maniobra, que se valía de la necesidad de vivienda, consistía en la venta irregular de parcelas fiscales del barrio Boy Scouts a valores que oscilaban entre los 15 y 20 millones de pesos.
El entramado quedó al descubierto cuando un plan de reordenamiento del municipio puso la lupa sobre las transacciones y los pseudo-dirigentes que operaban el fraude.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el epicentro del problema es una pugna territorial en El Escondido, motorizada por la venta ilegal de lotes desde hace años. Se comprobó que personas con intenciones de sacar una tajada de la situación intentaron utilizar una protesta ambiental como pantalla, buscando evitar que el plan de reubicación municipal les arruinara el curro de la venta de terrenos.
El esquema era simple y se traduce en ocupar más terreno para luego comercializarlo bajo el paraguas de la emergencia habitacional. Un denunciante explicó que se dio cuenta que lo quisieron utilizar, y cortó la relación al percibir que lo estaban “verdurriando” con sus verdaderas intenciones. Pese a todo, la situación derivó en la ocupación actual de terrenos, donde ya residen entre 45 y 55 familias en el sector Boy Scouts, y se estima que hay entre 600 y 700 familias asentadas en todo El Escondido.
Un ocupante relató que la decisión de reocupar sectores se debe exclusivamente a la falta de respuesta oficial al problema de acceso a la vivienda, en una ciudad donde el alquiler está por las nubes y sufre aumentos semestrales. “No nos queda de otra, porque en realidad la economía, el día a día nos están llevando, y encima y el alquiler es caro”, explicó un vecino con más de 20 años de espera por una solución, destacando que muchos de los ocupantes son jóvenes que buscan independizarse.
La zona de la ocupación, aledaña a los Boy Scouts, fue custodiada por personal policial, quienes restringen el ingreso de materiales de construcción como pico, pala y herramientas. Se confirmó la presencia de Lorena Sánchez, de la MUnicipalidad de Ushuaia junto a personal policial, aunque las gestiones fueron escasas y sin avances concretos.
Los ocupantes informaron que permanecerán en el lugar y darán pelea hasta el próximo lunes a la espera de una reunión con las autoridades para encontrar una salida. En declaraciones radiales, los vecinos solicitaron al gobernador Gustavo Melella y al intendente Vuoto que tomen nota de la gravedad de la situación, aclarando que “la culpa no es nuestra, en parte por el contexto económico nacional”.
Finalmente, se confirmó que la mayoría de las familias en el asentamiento están alquilando, tienen trabajos fijos o se mantienen con changas, y su principal reclamo es la imposibilidad de acceder a un techo propio. La Policía continúa con la toma de datos, mientras la comunidad espera una respuesta oficial y urgente que permita resolver el conflicto sin perjudicar a las familias más necesitadas.
