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BUENOS AIRES.- El Reino Unido vuelve a mover el tablero en el Atlántico Sur. Tras el reciente y enfático reclamo de soberanía por parte del presidente Javier Milei en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno británico en las Islas Malvinas aprobó un megaproyecto inmobiliario que genera un fuerte cortocircuito con la Cancillería argentina. Este desarrollo, de carácter residencial, busca consolidar la presencia demográfica y la expansión urbana británica en el archipiélago.
El plan aprobado por la comisión de planificación isleña prevé la edificación de 111 lotes en la zona de Sapper Hill, en el marco de una iniciativa aún mayor que proyecta la construcción de unas 360 viviendas en total. La noticia no pasó desapercibida en Buenos Aires, dado que se suma a la ya existente tensión provocada por los nuevos ejercicios militares que el Reino Unido anunció que se realizarán en el área.
Trazando el mapa de la expansión
La iniciativa se instalará al oeste de Puerto Argentino y abarcará una superficie de 12.7 hectáreas de campo abierto. El sitio elegido no es casual. Para ello se eligió Sapper Hill, una zona que alberga vestigios de un campamento militar establecido durante la Segunda Guerra Mundial por orden directa de Winston Churchill. Incluso hoy, son visibles los cimientos y los piques (restos de estructuras) del viejo asentamiento castrense.
El desarrollo inmobiliario aprobado incluye infraestructura de primer nivel: calles ensanchadas, doble acceso y espacio garantizado para al menos dos vehículos por parcela.
Mientras las autoridades locales lo promueven oficialmente como una simple “expansión planificada”, para el análisis de la Cancillería argentina el proyecto responde a una lógica mucho más profunda: la normalización institucional y demográfica de la ocupación británica. Esta política avanza bajo el paraguas del discurso de la supuesta “autonomía” de los isleños, una línea inalterable del Reino Unido desde hace décadas.
El contexto no es menor ya que la aprobación de este plan se produce apenas semanas después de que el Presidente argentino denunciara ante la ONU la militarización del Atlántico Sur y reiterara la soberanía de Argentina sobre las islas. Dicho mensaje, que instaba al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y a la reanudación del diálogo bilateral, obtuvo como respuesta el rechazo inmediato de la administración isleña. Esta insiste en su presunto derecho a la autodeterminación, reafirmando una posición que para el país es unilateral e ilegal. La construcción de este megabarrio mete más ruido en un reclamo histórico que la Argentina no piensa ceder.
