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USHUAIA.- La Fiscalía de Estado emitió una resolución contundente en respuesta a las denuncias de padres preocupados por las desobligaciones y paros en las escuelas. El dictamen no solo exhorta al Ministerio de Educación a garantizar el derecho a la educación, sino que también subraya las implicaciones legales para quienes vulneran la normativa vigente como lo son las medidas de fuerza de Sutef.
El documento advierte que las reiteradas interrupciones de clases comprometen el cumplimiento del ciclo lectivo, un requisito legal que exige un mínimo de 190 días de clases y 760 horas anuales. Además, cuestiona la falta de medidas concretas por parte del Ministerio de Educación para recuperar el tiempo perdido y asegura que los docentes que participen en estas acciones podrían enfrentar descuentos salariales.
La Fiscalía subraya que, aunque las demandas gremiales son legítimas, no pueden estar por encima del “interés superior del niño”. La prolongada pérdida de clases no solo afecta la calidad educativa, sino que también genera una desigualdad que perjudica el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes, comprometiendo su futuro académico y laboral.
El dictamen exhorta al Ministerio a implementar programas para compensar la pérdida de días, mediante la extensión del calendario escolar, jornadas intensivas y el uso de herramientas tecnológicas.
También exige que se registren correctamente las ausencias de los docentes para que se apliquen los descuentos correspondientes, como lo indica la ley. La resolución del fiscal busca proteger el derecho a la educación de los alumnos y asegura que se tomen medidas para garantizar la continuidad pedagógica, advirtiendo que las acciones que la obstaculicen tendrán consecuencias legales.
