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USHUAIA.- El Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia formalizó una grave denuncia contra la Dirección Provincial de Energía (DPE) por presuntas irregularidades en la adquisición y pago de combustible.
La presentación, realizada por el secretario seccional en Ushuaia, Pedro Leonardo Brangeri, expone una compleja trama administrativa que, según el gremio, ha causado un perjuicio económico al organismo y se presta a todo tipo de interpretaciones.
El núcleo de la denuncia radica en un desembolso de 2.000 millones de pesos a la empresa Sullair S.A., a pesar de que la DPE no tiene, según el sindicato, ninguna relación contractual con dicha firma.
La denuncia también apunta al rol de la ministra Gabriela Castillo, quien, además de ser la autoridad de la DPE, forma parte del directorio de la empresa Terra Ignis, la cual sí tiene un contrato con Sullair S.A.
La denuncia ante la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado. Brangeri recordó que, en otras ocasiones, el gremio ha recurrido a la justicia y a los órganos de control ante situaciones irregulares, como la rotura de un camión de combustible en la ruta. En este caso, la alerta provino del propio personal administrativo de la DPE, que advirtió sobre un pedido expreso de la ministra Castillo para que el organismo pagara a Sullair S.A. el combustible que esta le proveía a Terra Ignis.
La orden se mantuvo a pesar de que la auditoría interna y el personal administrativo pusieron objeciones y dejaron constancia por escrito de que el pago no correspondía. Según Brangeri, esto evidencia un claro “vaciamiento” de los fondos públicos.
El sindicato no dudó en catalogar el hecho como una “maniobra” de la cual se desprende un “delito”, que se agrava por el conflicto de intereses que, según el gremio, ostenta la ministra Castillo. De un lado da la orden y del otro forma parte de la empresa beneficiada.
Brangeri destacó que el petitorio busca también deslindar la responsabilidad de los trabajadores que se vieron forzados a seguir la orden del presidente de la DPE, a pesar de sus objeciones. Por último, Brangeri se refirió a las promesas del gobierno de una nueva central eléctrica en 18 meses, un anuncio que calificó como “un cuento chino” y una estrategia de campaña.
El escepticismo del sindicato se basa en el incumplimiento de proyectos pasados y en la falta de consulta a los propios trabajadores, quienes sospechan que detrás del convenio con capitales chinos se esconde la intención de privatizar el sector.
