Una encuesta reveló un amplio rechazo a la salmonicultura

USHUAIA.- La discusión sobre la salmonicultura en Tierra del Fuego parece estar cerrada, al menos para la mayoría de sus habitantes. Un reciente sondeo realizado por Ágora Estrategias, que consultó a 780 personas en las tres ciudades de la provincia en agosto de 2025, confirma una tendencia clara: el 61,5% de los encuestados se manifestó a favor de mantener la prohibición de la actividad. Este porcentaje, muy superior al 31,5% que apoyaría su habilitación, demuestra que el rechazo es una posición consolidada y con alta legitimidad en la sociedad fueguina.

La encuesta también arroja luz sobre las razones detrás de esta postura. Los fueguinos no solo asocian la salmonicultura con riesgos ambientales, sino que la ven como una amenaza a la “identidad ambiental de la provincia”.

Un dato que lo refuerza es que el 74,2% de los consultados conoce la Ley 1355, que prohíbe la actividad, lo que evidencia que la conciencia sobre el tema es alta. El 32,6% se considera “muy informado” y el 58,3% “algo informado”, lo que demuestra que la discusión ya está plenamente instalada.

La principal barrera para la salmonicultura no es solo la percepción de daño ambiental, sino la profunda desconfianza en las instituciones. El 58,7% de los encuestados no confía en que el Poder Ejecutivo pueda garantizar estudios de impacto ambiental serios e independientes. Este escepticismo, que deja al gobierno con un escaso 23,3% de credibilidad en este tema, exige que cualquier propuesta productiva en la provincia esté acompañada de controles externos y transparentes para ser aceptada.

A pesar del contundente rechazo, la encuesta encuentra un matiz de esperanza. El 46,1% de los fueguinos expresó que la prioridad debe ser encontrar un equilibrio entre la producción y el cuidado ambiental. Esta postura abre un pequeño espacio para el diálogo y la construcción de alternativas reguladas, aunque el 44,7% de la población insiste en priorizar exclusivamente la protección ambiental.

La consultora concluye que el futuro de este debate, que se ha transformado en un eje central de la política provincial, dependerá de la capacidad de generar confianza y credibilidad institucional.