RIO GRANDE.- El último reporte de la DEA encendió las alarmas en Argentina al señalar directamente vulnerabilidades en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, con un particular foco en la provincia de Tierra del Fuego.
El informe advierte sobre las deficiencias en los controles de las diez zonas francas del país y el área aduanera especial en la provincia fueguina, indicando que carecen de una supervisión suficiente para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas.
Esta mención a Tierra del Fuego es una novedad en los reportes de la agencia estadounidense, que históricamente se centraba en las fronteras del NEA y NOA.
La DEA también subraya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) argentina opera con “recursos limitados”, lo que, sumado a las demoras judiciales, “resulta en bajas tasas de condenas”. Estas debilidades, según el informe, se agravan por la economía informal y un amplio sector de liquidez.
El reporte se da en un contexto en el que el fentanilo, un opioide hasta 100 veces más potente que la heroína, está cada vez más presente en la agenda pública argentina, aunque principalmente por casos de contaminación en el uso médico o robos, como el conocido caso de “Puerta 8” en 2022 o la muerte de medio centenar de personas en un hospital de La Plata.
Las autoridades argentinas han tomado medidas al respecto, con el lanzamiento de una mesa de prevención contra el tráfico ilícito de fentanilo y la actualización de los lineamientos de control aduanero. Sin embargo, el informe de la DEA proyecta que la producción de este opiáceo se diversificará globalmente, lo que plantea un desafío creciente para países como Argentina. La DEA no descarta que con el tiempo surjan más productores y que la sustancia se convierta en una amenaza más palpable, dada su facilidad de producción en comparación con la heroína y la cocaína.