RIO GRANDE.- El Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJuP) se encuentra en el ojo de la tormenta tras la sorpresiva renuncia de su secretaria Gremial, María José Pazos, y varios de sus compañeros de comisión directiva. La decisión, que incluye también la desafiliación al gremio, fue confirmada por Pazos en diálogo con Radio Provincia y expone las graves diferencias con la actual conducción.
Pazos fue enfática al justificar su salida al señalar que “uno tiene principios, porque nosotros también tenemos que velar por nuestra ética. Entonces tomamos la decisión de que no vamos a ser cómplices de esto, no podemos seguir formando parte de una conducción que, inclusive, no solo está de espaldas a la sociedad, sino que está llevando adelante acciones gremiales de espaldas a los mismos compañeros”.
La ahora exsecretaria Gremial criticó duramente las acciones de la actual dirigencia del SEJuP, especialmente en lo que respecta a sus vínculos con el Poder Judicial y un Consejo de la Magistratura que, según ella, “no actúa en consecuencia de lo que está sucediendo y que hace todo este tipo de acciones de espalda a la sociedad”. Pazos expresó que la organización parece creerse “en otras condiciones” y con “otra posición” respecto al resto de la sociedad. “Hoy te diría que ya te estoy hablando más como una ciudadana más, como una trabajadora del Poder Judicial, pero ya no como representante del sindicato”, sentenció.
La disconformidad no es solo por la forma, sino también por los resultados. Pazos, quien reivindicó la conducción de anteriores secretarios Generales como Rafael Ponce, Marcelo Kubas y Alicia Ponce, cuestionó la gestión de la actual secretaria General, Marina Monchietti. A pesar de que Monchietti prometió “garantía de continuidad” al postularse, Pazos lamentó que lo conseguido en los reclamos salariales es “totalmente inaceptable en comparación a los reclamos que se venían llevando adelante años anteriores o gestiones anteriores y en la crisis económica que está sufriendo en general”.
Los trabajadores judiciales han sufrido una considerable pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, quedando “muy por detrás” en lo que va del año. Pazos denunció que, si bien una parte de la conducción cree en el diálogo, las reuniones con el Superior Tribunal de Justicia “no están siendo participativas” y la comunicación sobre lo que allí sucede es nula. “No sabemos qué es lo que muchos de nosotros, inclusive yo siendo secretaria Gremial pensamos, porque no hay una comunicación por parte de los integrantes de la conducción que llevan adelante estas reuniones”, remarcó.
La crisis en el SEJuP evidencia una profunda fractura entre sus dirigentes y una parte de sus bases, que exige una representación sindical que no solo defienda sus derechos económicos, sino que también actúe con ética y transparencia en un contexto de deterioro de la calidad de vida y de las condiciones laborales de los empleados judiciales.