Policías territoriales y un acampe que da vergüenza
Los retirados iniciaron una protesta por tiempo indeterminado en Río Grande mientras aguardan una respuesta por los haberes compensatorios que, según denuncian, llevan 15 meses sin cobrar. Esta semana sumaron el pedido de juicio político al gobernador y no descartan nuevas acciones judiciales.
RÍO GRANDE.- La nueva carpa instalada el lunes pretende visibilizar el reclamo de los policías territoriales retirados. Esta situación sumó una nueva dimensión institucional. Mientras los manifestantes y sus esposas permanecen frente a las dependencias policiales de la zona de la Unidad Regional Norte, el pedido de juicio político contra Gustavo Melella ya fue presentado ante la Legislatura y el sector anticipó que no levantará la protesta hasta obtener una respuesta concreta.
La medida se mantiene después de 15 meses de reclamos por el pago de los haberes compensatorios y los correspondientes aguinaldos. Alfredo Gatti, uno de los referentes del grupo, confirmó que la permanencia será por tiempo indeterminado y cuestionó que, pese a las distintas gestiones realizadas durante este período, todavía no exista una solución.
“Esto va a ser permanente hasta que haya una solución”, sostuvo Gatti en declaraciones realizadas durante las últimas horas. El dirigente consideró que las instancias administrativas, políticas y judiciales transitadas hasta ahora no permitieron destrabar el conflicto y sostuvo que los retirados fueron empujados a profundizar la protesta.
El reclamo ya había ingresado en un terreno institucional la semana pasada. El 3 de septiembre, Gatti, Daniel Ariel Torales y Jorge Alejandro Herrera presentaron ante la Presidencia de la Legislatura un pedido de juicio político contra el gobernador, acompañado por documentación y antecedentes destinados a que el Parlamento analice eventuales responsabilidades por acción u omisión del Poder Ejecutivo.
La presentación no implica que Melella haya sido sometido a juicio político ni que exista una responsabilidad determinada. El procedimiento establece que corresponde ahora a la Legislatura analizar la denuncia y definir si existen elementos para avanzar con la investigación prevista por la Constitución provincial.
Los retirados sostienen que la discusión excede el reclamo por una deuda previsional puntual. El escrito presentado ante los legisladores reúne antecedentes legislativos, administrativos y judiciales, informes de organismos de control y resoluciones vinculadas con el sistema previsional policial. Entre los elementos incorporados aparecen también antecedentes recientes de la Caja y un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia del 8 de julio de 2026.
Gatti volvió a responsabilizar por la situación al directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario, a la Jefatura de Policía y al Poder Ejecutivo. Según planteó, el problema no puede resolverse únicamente mediante nuevas reuniones y requiere una decisión política que permita regularizar los pagos.
La situación tiene además un fuerte impacto entre los propios beneficiarios. El referente del sector insistió en que se trata mayoritariamente de personas mayores, algunas con enfermedades crónicas o cuadros de gravedad, y recordó que durante el período de espera fallecieron algunos de sus camaradas. También señaló que la falta de ingresos agravó las dificultades económicas y personales de varias familias.
A ese escenario se suma ahora la posibilidad de profundizar las acciones por otras vías. Gatti señaló que los abogados que representan al sector analizan nuevas presentaciones y no descartó que el conflicto pueda derivar en una denuncia penal. También anticipó que los retirados están dispuestos a llevar la documentación a otros ámbitos institucionales si no encuentran respuestas.
El reclamo apunta además al proyecto de Presupuesto provincial 2027. Los retirados quieren conocer qué previsión contempla el Ejecutivo para afrontar la deuda que mantienen con ellos y cuestionan que, después de tantos meses, todavía no exista una definición concreta sobre la regularización de los haberes.
Mientras tanto, la carpa permanecerá instalada en Río Grande. La decisión de sostener el acampe modifica el escenario de un reclamo que durante meses se había desarrollado mediante presentaciones, reuniones y distintas acciones institucionales.
Ahora la protesta tiene un frente en la calle y otro en la Legislatura. En uno, los retirados aseguran que permanecerán hasta cobrar. En el otro, esperan que los legisladores determinen si corresponde investigar las responsabilidades políticas que atribuyen al Gobierno provincial.
La respuesta que reclaman sigue siendo la misma: un compromiso concreto para regularizar los pagos. Hasta que eso ocurra, Gatti ratificó que la carpa continuará instalada.
