SOBERANIA

¿Quién desarma el radar?

¿Quién tiene que concretar el proceso de cancelación total del radar instalado por la empresa de capitales irlandeses e ingleses en Tierra del Fuego? Esta es la principal pregunta que surge de la atenta lectura de la nota oficial enviada al gobernador Melella por parte del Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Secretaría de Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, el pasado 20 de septiembre.

En la nota, remitida con copia al Ministro de Defensa, al Canciller y al propio Jefe de Gabinete, se le pide al gobernador fueguino que “tenga a bien comunicar las medidas que, por ser de competencia provincial, se han tomado o se tomarán para consolidar el proceso de cancelación … respecto a cuestiones instrumentadas por el gobierno de Tierra del Fuego con carácter previo a la autorización precaria de la estación terrena y posteriores a ella”.

El secretario pide entre otras cosas: 1) que la Inspección General de Justicia fueguina dé de baja a la empresa. 2) La revocación de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente fueguina para la instalación del radar en la Estancia El Relincho. 3) La cancelación de la prestación de los servicios de electricidad e Internet que todavía tiene la estación terrena; 4) Saber si el gobierno fueguino ha cesado con el otorgamiento “excepciones” a la importación para la empresa.

Los requerimientos son clarísimos. Lo que ni el gobierno nacional dice y el gobierno provincial calla es de quién es la responsabilidad urgente e inmediata de desmontar el radar. La pregunta es ¿Por qué no se dejan de mandar notas cruzadas y disponen de una vez que el radar que afecta tanto a nuestra soberanía como a la seguridad nacional deje de existir? Obviamente esto no quiere decir que se lo destruya, pero sí que se lo desarme.

¿A quién corresponde esta tarea operativa? ¿Al Estado Nacional, al Estado Provincial o a la propia LeoLabs? Sea como fuere, toda demora es peligrosa e injustificada. Este juego del cartero flaco favor le hace al país.

Mientras nadie le pone el cascabel al gato, siendo clarísima la orden de “cancelación total”, el radar sigue allí como un monumento activo a la deshonra nacional y un insulto a nuestros héroes y a la causa de Malvinas.

Más allá de la contestación que el gobierno provincial haga a este requerimiento, habrá que determinar las responsabilidades claras que le caben al entramado de funcionarios que participaron de este desastre. La propia nota los pone al desnudo.

Habrá pues que hacerse cargo, tomar cartas en el asunto, dejar de lavarse las manos con mensajitos de responsabilidad cruzada y sancionar a quienes haya que sancionar para que disparates como éste tengan un castigo ejemplar y no se repitan nunca más.

Acá no se trata de “salvar la ropa”. Una locura semejante jamás debió ser autorizada ni por el gobierno fueguino ni por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Y es claro que ambos son plenamente responsables.