OPINIÓN

Melella revive viejas antinomias con una imposición que huele a extorsión

Son épocas aciagas para el Gobierno fueguino. Gustavo Melella dilapidó en un puñado de meses todo el capital político y los consensos que le permitieron no solo gobernar Tierra del Fuego por cuatro años, sino además lograr una histórica reelección.

Y en este nuevo contexto, donde se reordena casi a diario el tablero de fichas -léase lealtades y felonías políticas-, el mandatario fueguino debe surfear la ola en el peor de los contextos: Gustavo Melella se prepara para gobernar los próximos meses sin dinero, sin amigos y, peor aún, sin puertas que golpear.

En el caso del primero de esos avatares -el más difícil de sortear, sin dudas- su gabinete ya ideó un plan extremo, que puede romper definitivamente la escasa armonía que vive la provincia: ir por los recursos de las ciudades. Para ello, decidieron desde lo discursivo, disfrazar el atraco de 'trabajo en conjunto'. Un manotazo desesperado convertido en acción altruista.

¿Cómo se encubre el plan? Simple. Acuciado por el altísimo gasto en el que incurre mes a mes, el Gobierno fueguino pretende que los tres municipios aporten al fondo que sostiene la provisión de gas licuado de petróleo, que se consume envasado en aquellas viviendas de la provincia que no cuentan con red de gas domiciliaria.

Así lo explicó el ministro de Economía, Francisco Devita, quien se explayó: 'Nuestro proyecto de presupuesto propone un artículo que habla de un fondo de prestaciones prioritarias. Ese fondo específicamente contempla soportar el gasto del subsidio de acceso al gas, un 54 % por parte de la provincia y un 46 % de parte de los municipios'.

Pero el dato más curioso surge a partir de los números que el propio Devita dio a conocer: 'Entre las tres ciudades tenemos 6.700 usuarios que reciben el subsidio de gas envasado. Hoy cada familia nos cuesta alrededor de 625 mil pesos por mes'.

Los números son sorprendentes. Y dan cuenta del gran negocio que supone proveer de gas envasado a ese importante porcentaje de habitantes, cuyo gasto mensual multiplica por cinco los valores promedios que abonan quienes sí están conectados a la red domiciliaria.

Y las preguntas surgen naturalmente ¿Por qué motivos no se hicieron las obras necesarias para que esas casi 7 mil familias se conecten a la red? ¿Cuál es la razón por la cual desde hace una década se invierten ingentes sumas de dinero para una provisión a semejante escala?

Lejos de responder los interrogantes, Devita anticipó que 'para el año entrante estamos previendo un costo del subsidio de $ 50 mil millones y tenemos que entender que hay muchos vecinos que no viven bien con el subsidio de gas envasado; por ende, tenemos que proponer una solución definitiva, que significaría la conexión a la red de gas natural'.

Y allí viene otro planteo insólito. Porque tras 'manotear' los recursos de las ciudades, el titular de la cartera económica fueguina explicó que 'si los municipios realizan conexiones de gas para usuarios domiciliarios, se les reintegra el monto de la obra, para que no tengan un descuento tan elevado de coparticipación'. Lisa y llanamente, una imposición con olor a extorsión, digna de aquellos cuya suerte parece sellada.

Fuerte con los débiles

Para entender el manotazo de ahogado que Gustavo Melella pretende imponer, hay que recurrir a los especialistas en la materia. Moisés Solorza es uno de ellos. Su paso por la propia gestión provincial le brinda, además, el 'know how' que pocos poseen.

'El Gobierno fueguino recibe fondos nacionales para subsidiar el Programa Hogar, que sostiene el valor de la garrafa de gas. En la época de Rosana Bertone, se decidió sumar los recursos de ese subsidio nacional y complementarlo con recursos propios, para sostener la provisión en todo sentido', recordó el especialista.

Asimismo, precisó que 'a medida que se incrementó el consumo y se encareció el producto, el Gobierno provincial tuvo que traer ese gas licuado de petróleo porque se decidió no obligar a las petroleras a producir en la provincia o que, en su defecto, se hagan cargo del costo del transporte del gas, que son aproximadamente entre 17 y 20 camiones al mes'.

'Es la primera vez que el Gobierno provincial quiere quitarle fondos de la coparticipación a los municipios para obligarlos a ser solidarios en la distribución del gas envasado', consideró y explicó, a su vez, que 'no son arbitrarios los porcentajes que propone el Gobierno. Entre el 10 y el 12 % del porcentaje que Gobierno menciona como propio, lo pone el Gobierno nacional. De esa forma, si restas ese porcentaje, el Ejecutivo y los municipios quedarían en igualdad'.

Para Solorza, la propuesta 'es inviable': Gustavo Melella se hace el fuerte con los débiles y siempre apela a referenciarse como el débil entre los fuertes. Es muy fácil manotearle dinero de la coparticipación a los municipios con un argumento solidario, en lugar de ir a negociar con las petroleras para que distribuyan el gas producido en Tierra del Fuego, a costo fueguino, con la obligatoriedad de la Legislatura para que haga adendas a los contratos vigentes.

Municipios ricos, provincia pobre

Fabiana Ríos impuso la antinomia. Su primer mandato estuvo signado por las disputas permanentes por los dineros de las ciudades. Ninguno de los anteriores gobernadores entró en confrontación por esos recursos que la exaliada de Elisa Carrió consideraba 'desmedidos'.

En varias oportunidades intentó avanzar sobre la coparticipación municipal. Gustavo Longhi en el Concejo Deliberante de Río Grande, Silvio Bocchicchio en Ushuaia y Fabio Marinello en la Legislatura eran la infantería dispuesta a dar pelea tras líneas enemigas con el leitmotiv que Ríos pronunciaba como arenga de batalla: 'municipios ricos, provincia pobre'.

La disputa final se consumó en diciembre de 2012. Ese año cerró con un altercado que amenazó con escalar hasta límites insospechados y que se resolvió cuando la propia Ríos y los intentes de Río Grande, Gustavo Melella y de Ushuaia, Federico Sciurano, accedieron a un recorte de recursos que llegaba hasta al 30 %. ¿La excusa? Financiar el sistema educativo provincial, previa consulta de facultades a la Justicia.

Es bien recordado que, por aquellos días, las jornadas preliminares incluyeron una protesta del Sindicato de Camioneros, volcando el contenido de varios camiones de residuos en el acceso a Casa de Gobierno, sobre la mismísima calle San Martín, a la vista de los ocasionales transeúntes y turistas.

Los que vivieron de cerca la negociación reconocen dos posturas disímiles: el intendente de Río Grande, propenso al acuerdo por su cercanía 'ideológica' con Ríos y su par de Ushuaia, en contrapartida, negándose a cualquier ajuste de fondos. Claro, Melella ya había ideado un plan: semanas después de la quita de recursos, incrementaría exponencialmente los impuestos municipales para compensar la pérdida. Hoy, Melella y Sciurano, comparten espacio político, uno gobernando la provincia y el otro, sentado en una banca legislativa, ámbito donde -paradójicamente- se dirimirá la cuestión en las próximas semanas.

Lejos de refrenarse el deseo obsesivo por los recursos de las ciudades, la tendencia se sostuvo. Con Rosana Bertone sucedió algo similar. Esta vez fue el Impuesto Inmobiliario y una disputa que sigue vigente en el ámbito de la Justicia. Otra vez el contrasentido: Es Melella quien posiblemente se quede con esos recursos que cuando era intendente protejía con uñas y dientes.

Con la llegada de Melella al sillón más grande de la provincia, las rencillas permanentes entre gobernadores e intendentes parecían cosa del pasado. Nada más lejano de la realidad. Por más que pretendan disfrazarlo de 'aporte solidario' o de 'esfuerzo conjunto', la propuesta incluida en el Presupuesto 2025 que deberá debatir la Legislatura es, ni más ni menos que un avasallamiento a los recursos de las tres ciudades de Tierra del Fuego, una de las cuales el propio Melella supo gobernar durante largos ocho años.

 Primeras voces

El primero en responder a la iniciativa fue el intendente de Río Grande, Martín Perez, quien aseguró que la discusión que pretende impulsar el Gobierno fueguino 'es prácticamente anacrónica y cansa a la gente, nos cansa a nosotros': 'Si quisiéramos dar alguna discusión profunda tendría que ver con poner en valor, tal vez, lo que cada uno hace y que cada uno tenga cierta especificidad en la provincia'.

'El año pasado el Gobierno provincial planteó que iban a avanzar con un programa 'Llegó el Gas', algo similar a lo que se hacía en el gobierno anterior, con aportes del Banco de Tierra del Fuego. Me parece muy bien que el banco aporte a esas conexiones de gas, pero ¿Aportó el banco? ¿Se hicieron esas conexiones? No hablamos de redes, hablamos del servicio de conexión de gas; de los vecinos que tienen el gas en la puerta de su casa y que no se pueden conectar por la situación económica', cuestionó.

Y para finalizar, el mandatario riograndense enfatizó que 'se anunciaron programas que luego no se aplicaron y la verdad que hoy la solución a eso no es quitarles la plata a los municipios, no me parece que sea el camino'.

No se escuchó la voz de su par de Ushuaia, Walter Vuoto. Mucho más condicionado por su errática gestión que, según aseguran quienes conocen de cerca la administración cotidiana, atraviesa una acuciante realidad financiera, Vuoto se mueve con cautela.

Su reciente alianza con Melella, la promesa de fondos multimillonarios para obras y la vista puesta en el 2027 han llevado al intendente capitalino a no hacer mención alguna a un tema tan delicado. En cambio, quien sí ofició de vocera oficial fue su hermana, la legisladora Victoria Vuoto.

'Cualquier medida que pretenda afectar la recaudación de los impuestos, no la vamos a acompañar. Eso el gobernador lo sabe, porque son temas que hemos dialogado oportunamente', aclaró la legisladora ushuaiense.

Asimismo, rememoró que 'esta fue una iniciativa que ya trajo el Ejecutivo el año pasado con otro ministro de Economía. Yo fui muy clara con eso, creo que la única manera que tenemos de que esto se pueda concretar, es que haya un convenio firmado al estilo consenso fiscal con los municipios y que los municipios estén de acuerdo en destinar esa parte de su plata a esos beneficios'.

'Yo no estoy de acuerdo con esa lógica de crear fondos, tengo una postura jurídica con esto, pero además es política. Si nosotros como legisladores de la provincia creamos fondos permanentemente de afectación específica, previo a que esos recursos se coparticipen, en realidad estamos manoteando recursos de los municipios para cumplir funciones provinciales', consideró.

De parte de los legisladores, la mirada es más cautelosa. Sabiéndose partícipes de una discusión que puede fracturar definitivamente la provincia, han optado por una postura reservada. Es de esperar que la pertenencia de cada sector con las ciudades y sus habitantes haga primar la cordura.

Mientras tanto, Tierra del Fuego entra, una vez más, en un debate remanido, que poco suma al desarrollo eficaz de la provincia simplemente porque la sabana es corta y porque el Gobierno provincial, con Gustavo Melella a la cabeza, decidió de buenas a primeras avanzar en una discusión que lejos de aportar soluciones se presume debilitará aún más los frágiles lazos de la política fueguina con la consabida consecuencia sobre la vida de sus ciudadanos.