USHUAIA.- La Municipalidad de Ushuaia enfrenta una creciente polémica tras la difusión nacional del caso que involucra a Vanesa Sáez, actual subsecretaria del Centro de Atención Vecinal, quien es acusada de liderar junto a su pareja, Matías Roa, una presunta estafa piramidal que habría afectado económicamente a decenas de familias.
El caso salió a la luz tras la cobertura realizada por el noticiero de Canal 13 y la señal de cable TN, que detallaron cómo Sáez, ex pareja del intendente Walter Vuoto, habría gestionado una mesa de dinero informal. Según las denuncias, esta operaba bajo un esquema de inversión con retornos rápidos que, finalmente, se desplomó, dejando a sus víctimas con deudas millonarias.
Romina Cirigliano, una de las denunciantes, afirmó haber perdido 50 mil dólares en este esquema. “Comenzamos invirtiendo pequeñas cantidades con retornos inmediatos, pero en enero hicimos un aporte mayor que jamás fue devuelto”, relató a las cámaras. La mujer añadió que otras víctimas han sufrido pérdidas aún mayores, incluyendo un caso en el que se adeudarían 175 mil dólares.
El modus operandi incluía la oferta de inversiones con altos rendimientos y hasta la promesa de terrenos municipales. Una de las víctimas entregó $1.800.000 por un lote que nunca recibió. Cirigliano aseguró contar con pruebas como mensajes, audios y transferencias que respaldan su denuncia ante la Justicia.
A pesar de las graves acusaciones y la presión mediática, Sáez continúa en su cargo bajo la gestión de Vuoto, quien ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso. La funcionaria también responde políticamente a Pablo García, líder del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, lo que añade un componente político al escándalo.
“Somos más de 20 familias afectadas, pero muchos temen hablar por posibles represalias políticas y laborales”, expresó Cirigliano, quien lidera un grupo de damnificados llamado “Los Arbolitos”. Este escándalo, que comenzó a tomar relevancia en agosto, amenaza con generar nuevas repercusiones tanto en el ámbito político como judicial.
Se espera que la atención mediática nacional impulse una revisión de la situación de la funcionaria y las responsabilidades en torno a este presunto esquema fraudulento.
