TOLHUIN.- El intendente de esta ciudad, Daniel Harrington, detalló el itinerario que recorrió desde que observó una instalación irregular cerca de la localidad hasta el informe difundido ayer por el cual el Ministerio de Defensa ordena la cancelación definitiva del radar de Leolabs, su desmantelamiento y señala que el radar “es un riesgo para la seguridad nacional”.
Por Radio Provincia consideró “una tranquilidad y una alegría” que se emitiera este informe, tras un año de las primeras observaciones que había hecho llegar a las autoridades nacionales. “Nosotros tratamos de estar atentos a todos los temas que suceden en el territorio y tomamos intervención en esta situación durante junio de 2022. El 4 de agosto suspendimos la obra civil porque entendimos que había situaciones que no estaban muy claras, meses depués la propia empresa nos hizo llegar un documento emitido por la Subsecretaría de Comunicaciones y, en función de eso ya no tuvimos más impedimentos para el avance de la obra, pero pusimos en conocimiento el 28 de junio de 2022 de la instalación de este radar al Ministerio de Defensa. Hoy celebramos que se dé esta situación, porque lo que pensábamos sin tener conocimiento respecto de los radares nos parecía llamativo, y eso terminó en la determinación del Ministerio de Defensa, que nos da tranquilidad”, dijo.
Casi por casualidad
Consultado acerca de cómo tomó intervención hace más de un año, el intendente relató que “fue casi producto de la casualidad y de prestar atención a lo que va sucediendo en Tolhuin y su zona. Yo vi un movimiento de máquinas a un costado de la ruta, era una intervención significativa y ya habíamos escuchado que una empresa estaba trabajando en la zona. Me detuve, llamé a la directora de Obras Particulares, porque las obras civiles se presentan al municipio, le consulté si tenía conocimiento de esta obra, me dijo que sí y que se estaban por montar unas antenas. Pedí que me lleven el expediente a mi despacho para observarlo y ahí vi determinadas situaciones que me llevaron a hacer una consulta a la CONAE, a la gente de ARSAT y al Ministerio de Defensa”.
“Pasaron un par de meses hasta que nos notificaron de que eso tenía una autorización de la Subsecretaría de Comunicaciones. Nosotros ya no teníamos razones para impedir la obra civil, la platea, el movimiento de suelo. Se avanzó y en el mientras tanto el Ministerio de Defensa fue haciendo las actuaciones de rigor. Después todo fue tomando un nivel de exposición mediática, surgió la concentración de los excombatientes el día sábado y los convoqué a una reunión para ayer, para explicarles de primera mano todas las actuaciones que se realizaron desde el municipio. Lo que pudimos charlar con los excombatientes fue toda la información que manejábamos, que la pusimos a disposición y explicamos nuestros procedimientos, porque como a ellos nos llamaron la atención determinadas situaciones y por eso lo pusimos en conocimiento de áreas de competencia”, indicó sobre la reunión que mantuvo en horas de la mañana.
El rol del gobierno
Lo que no quedó en claro fue el rol del gobierno provincial que, a través de distintas áreas fue posibilitando la instalación de la empresa, tanto con la aprobación del estudio de impacto ambiental como con la resolución de la IGJ. Harrington aseguró que dio aviso al gobierno sobre estas sospechas. “Nosotros compartimos algunas palabras con funcionarios del gobierno respecto de esta situación. Uno de los requisitos para montar una obra civil en Tolhuin fuera de lo que es una construcción normal de una vivienda, es un estudio de impacto ambiental, y entiendo que eso se había presentado en el Ministerio de Ambiente de la provincia. La provincia aprobó ese estudio y nosotros fuimos haciendo consultas. Siempre nos decían que era un proyecto de investigación, un proyecto que venía de la mano de un estudio de la Universidad de La Plata. Desde el punto de vista científico no era llamativo. Fuimos consultando hasta llegar al Ministerio de Defensa”, indicó.
“Entiendo que ellos fueron realizando los estudios de rigor con personal idóneo en la materia. En el municipio no cuento con personal técnico que me pueda decir qué alcance tiene esta tecnología. Por eso hice una serie de consultas. Esto tuvo una escalada mediática ahora pero tuvo un trabajo previo que viene desde el año pasado. Los titulares de los medios de comunicación y los pedidos de informe van en paralelo con el trabajo que ya venía realizando el Ministerio de Defensa. No quiero decir que fue por la información nuestra, pero nosotros aportamos la información”, manifestó.
Cabe señalar que la obra la suspendió el municipio de Tolhuin el 4 de agosto del año pasado “hasta que llegara un documento oficial, básicamente una autorización, y llegó firmada por el subsecretario Lombardi. Yo conozco interés que tiene Tolhuin para el monitoreo satelital y me llamó la atención que no estuviera la CONAE dentro de la zona de Tolhuin. Básicamente lo que hicimos fue preguntar e interiorizarnos de lo que sucedía, para tener tranquilidad”, explicó.
“La obra civil se retomó por una resolución de la Subsecretaría de Comunicaciones, que dio una autorización precaria para la continuidad de la obra. Quizás el subsecretario entendió que estaba dentro de sus facultades y lo autorizó, porque no creo que haya alguna cuestión de entrega de la soberanía. Después el Estado volvió sobre sus pasos, más allá del tiempo, porque hubo todo un trabajo de análisis de la situación. Ahora hay un informe que se va a presentar a la Casa Rosada y me parece muy bien que eso suceda”, dijo.
Radar funcionando
Respecto de la información que se envió a través del radar, no pudo dar precisiones pero confirmó que “hubo una puesta en funcionamiento de los radares en modo prueba y ya el 22 de noviembre del 2022 a nosotros nos llegó el permiso de habilitación, pero en junio de este año la misma Subsecretaría de Comunicaciones suspendió el permiso precario y pidió la intervención del Ministerio de Defensa, es decir que retrocedió sobre sus pasos y pidió la intervención de otro ente de competencia. Se pudo rever una situación que era llamativa y nos ponía en riesgo. Esto demuestra que los entes de contralor funcionaron, porque si Obras Particulares de Tolhuin no hubiera actuado de la manera que actuó o yo no hubiera preguntado, quizás hoy estábamos hablando de poner en riesgo la soberanía”, advirtió.
En cuanto a la ubicación y propiedad del lugar donde fue instalado el radar, dijo que “la estancia El Relincho está a unos 6 kilómetros del casco céntrico de Tolhuin, y pertenece a la familia Castellanos. Es gente de Tierra del Fuego”.
No tomó contacto con los propietarios que arrendaron la tierra sino que “nosotros todo lo que hicimos fue a través de los representantes técnicos de la empresa, que es el procedimiento que corresponde. En todas las descripciones del proyecto hablaban de monitorear basura espacial. Yo no soy un especialista en el tema pero revisamos la información con nuestro equipo, con el área legal, con un arquitecto y un ingeniero que colaboran con nosotros. Después surgió un montón de información extra que no teníamos hace un año, pero fuimos analizando todo lo que estaba a nuestro alcance y siempre se hablaba de lo mismo, del monitoreo de la órbita para basura espacial”, expresó.
“Entiendo que el gobierno de la provincia estaba pidiendo alguna información, al igual que yo y fue indagando sobre algunas cuestiones. La CONAE tiene un proyecto en el que viene trabajando hace mucho tiempo con la UTN y estaban buscando un lugar para instalar antenas para el seguimiento satelital. Tolhuin tiene condiciones muy buenas y se montó un parque de antenas en la zona de la ruta 23. Hay un convenio entre todos los países que tienen soberanía espacial y hay un proceso de investigación y colaboración entre esos países. Tolhuin tiene las condiciones geográficas para el intercambio de información entre los satélites y las antenas. Me llamó la atención que no usaran el predio de la CONAE en este caso, además estos radares son muy diferentes a las antenas que están puestas en Tolhuin. Por eso el solo hecho de observar me llamó la atención. Si hubiera sido dentro del mismo espacio donde están las demás antenas no hubiera resultado llamativo. Me tocó visitar la estación terrena de Tolhuin durante mi mandato como legislador, se tuvo una aprobación del convenio en ese momento, hubo gestiones del rector de la universidad, de la ex gobernadora Bertone, y por eso esto me resultó llamativo. A cualquier persona con la responsabilidad que me toca asumir hoy creo que le hubiera llamado la atención también”, dijo el intendente.
Agregó que se comunicó con la CONAE vía Zoom en su momento para hacer “consultas con abogados de diferentes instituciones y personal técnico. Ellos me fueron orientando adónde poder consultar, porque no todos tenían la información tan detallada de esta decisión que se tomó. Al predio no ingresé pero lo hicieron los agentes municipales facultados para esta situación e hicieron todo el relevamiento que corresponde”, concluyó.
