RIO GRANDE.- En una entrevista con el programa "La mañana de la Tecno" de Radio Universidad 93.5 MHz, José Luis Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, habló sobre la convocatoria de la legisladora Natalia Gracianía para renovar los integrantes del Comité Contra la Tortura. Piñeiro explicó que esta renovación es necesaria debido a que los actuales representantes de las ONG deben inscribirse antes del 31 de mayo.
Piñeiro destacó la importancia de seguir participando en el Comité, a pesar de las dificultades presupuestarias que enfrentan, ya que su labor es ad honorem y sin financiamiento específico. Subrayó que el Comité ha logrado inspeccionar lugares de privación de libertad en la provincia, asegurando que se respeten los derechos humanos de los detenidos.
La entrevista también abordó las denuncias de hacinamiento en las cárceles fueguinas. Piñeiro señaló que la Unidad de Detención N°1 de Río Grande alberga a 176 personas en un espacio diseñado para 100, lo que complica el acceso a servicios básicos como educación, salud y alimentación. Advirtió que la situación es aún peor en la Alcaidía de Ushuaia, donde el edificio antiguo presenta serios riesgos estructurales y de seguridad.
Además, Piñeiro mencionó que el Comité Contra la Tortura ha presentado un Hábeas Corpus para pedir medidas urgentes en la Alcaidía de Ushuaia debido a su sobrepoblación y condiciones peligrosas. Señaló que la situación en las cárceles de la provincia es compleja y requiere atención inmediata.
Sobre el proyecto de construir una nueva cárcel en Ushuaia, Piñeiro indicó que, aunque hubo fondos nacionales destinados para esto, el debate y la oposición de algunos sectores de la comunidad han impedido su avance. Reiteró la urgencia de destinar recursos a solucionar la crisis de sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de detención.
Finalmente, Piñeiro adelantó que esta semana participará en una reunión nacional en Santa Fe para analizar la situación de los derechos humanos en el país, en un contexto de creciente criminalización de las protestas sociales y propuestas controvertidas como la reclusión de menores desde los 12 años.
