BUENOS AIRES.- Con una mayoría absoluta de 144 votos, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner. El texto ahora pasó al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y promete bloquear la ley o, en todo caso, enterrarla para que nunca llegue al recinto.
Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre-, silvestres provinciales y un sector de Encuentro Federal. Del último bloque fue trascendental la participación del legislador cordobés Oscar Agost Carreño, que durante horas enlazó -junto a diputados de otros espacios- el articulado final del texto, entre idas y vueltas oficialistas e insólitas disputas con los libertarios por palabras que exigían los libertarios y confundían la redacción definitiva.
El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”. Como se supuso desde hace años, la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra de todo esto. Sumaron 98 rechazos y sólo hubo dos abstenciones de Encuentro Federal: Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
De cara al Senado, generó preocupación el voto en contra del diputado santacruceño Sergio Acevedo y la ausencia de su colega José Luis Garrido. Ambos están alineados con el gobernador Claudio Vidal y, al tener dos integrantes en la Cámara alta, la iniciativa quedaría, con los 33 integrantes del kirchnerismo -serán 34 desde la próxima sesión-, frenada.
Inicio, debate y cierre del debate
El oficialismo consiguió el quorum sin demasiado problemas, ya que contó con el apoyo de todos los bloques salvo el kirchnerismo de Unión por la Patria, la izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal. Llegaron tarde al convite -con el número ya asegurado- el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, y su par del PRO, Cristian Ritondo.
Con seis dictámenes en la previa de la sesión, los libertarios cedieron ante las sugerencias dialoguistas. Las modificaciones en cuestión fueron notificadas por el miembro informante por La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Por eso la importancia de Agost Carreño, que frustró tropelías oficialistas para incorporar palabras que, en el fondo, confundían el espíritu de la ley e incluso proyectaban futuros amparos de quienes se sintieran afectados.
En resumen, Mayoraz manifestó que se eliminaba la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, y que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales de abril del corriente año.
Además, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Por otra parte, en el artículo 2, el inciso A se cambió por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
Desde Unión por la Patria, las encargadas de explicar el rechazo fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La massista resaltó que el texto “violenta el principio de sentencia firme y de presunción de inocencia”, mientras que su colega -cristinista- aseveró que el proyecto establece “una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”. En el fondo, que continúe como en la actualidad y sólo la Corte Suprema pueda inhabilitar candidaturas.
