Chile solicitó a la justicia ambiental el cierre de un centro de cultivo de salmones en el sur del país, desde el cual se escaparon 690.000 peces que eran tratados con antibióticos no aptos para el consumo humano y que pueden provocar un severo daño medioambiental.
Los salmones huyeron luego de que las 10 jaulas de contención en las que se encontraban sufrieran graves daños estructurales debido al paso de una furiosa tormenta que golpeó el 5 de julio las costas de la región de Los Lagos, a unos mil kilómetros al sur de Santiago, donde se encuentra el centro de cultivo de salmónidos Punta Redonda, de la firma noruega Marine Harvest.
Los escapes de salmones ocurren siempre "pero la magnitud de la fuga registrada es una de las mayores que ha ocurrido en un solo evento", dijo a la AFP Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización ambiental Oceana Chile.
Los salmones fugados son una especie invasora y depredadora, con la capacidad de alterar de manera directa o indirecta y de forma permanente la composición y diversidad de la comunidad biológica, de acuerdo con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
En este sentido, el gobierno chileno y las organizaciones defensoras del medioambiente coincidieron en que la fuga de los peces es un hecho gravísimo y sin precedentes.
Además, los peces "podrían contener residuos de antibióticos cuyas reacciones para personas alérgicas a estos medicamentos podrían ser de consideración", indicó la SMA. Y es que según Oceana, la industria salmonera chilena, la segunda mayor del mundo, usa 1.400 veces más antibióticos por tonelada de salmón que Noruega, el mayor productor.
En tanto, el impacto ambiental recaería sobre los ecosistemas y las especies nativas del mar, el "asilvestramiento" de los salmones escapados y la transmisión de patógenos y enfermedades a otras especies.
"Los escapes de salmones es considerada la acción modificadora asociada a la salmonicultura que afecta a un mayor número de especies", aseveró Van der Meer.
Medidas judiciales
Ante esto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) pidió el miércoles pasado una "medida urgente y transitoria" al Tribunal Medioambiental de la ciudad de Valdivia, para que ordene "la detención del funcionamiento del centro de engorda de salmones, cuyo titular es Marine Harvest Chile S.A., por el plazo de 30 días corridos, con fines exclusivamente cautelares".
El Tribunal solicitó "algunas aclaraciones a la Superintendencia sobre su solicitud para tomar una decisión", según dijo este jueves a la AFP una fuente judicial que pidió reserva.
La justicia ambiental puede imponer sanciones que alcanzan hasta 7 millones de dólares y también el cierre definitivo del cultivo.
En tanto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, presentó una denuncia ante la SMA en contra de Marine Harvest "por posibles incumplimientos en el mantenimiento y seguridad de la infraestructura del centro Punta Redonda".
Asimismo, Sernapesca exigió a Marine Harvest que adopte "medidas urgentes" como el cierre temporal del centro, la realización de sobrevuelos de reconocimiento para descartar la aparición de especies muertas en las zonas aledañas, un plan para disponer de los posibles restos y un programa de recaptura.
Marine Harvest anunció que hasta el miércoles había recapturado un 5,7% del total de los salmones escapados, proceso que es supervisado por Sernapesca, la Marina y la Policía chilena.
La Ley General de Pesca y Acuicultura establece un plazo de 30 días para que la empresa recupere al menos el 10% de ejemplares escapados, de no ocurrir lo cual se presume la existencia de daño ambiental.
Asimismo, Sernapesca exigió a Marine Harvest que adopte "medidas urgentes" como el cierre temporal del centro, la realización de sobrevuelos de reconocimiento para descartar la aparición de especies muertas en las zonas aledañas, un plan para disponer de los posibles restos y un programa de recaptura.
Marine Harvest anunció que hasta el miércoles había recapturado un 5,7% del total de los salmones escapados, proceso que es supervisado por Sernapesca, la Marina y la Policía chilena.
La Ley General de Pesca y Acuicultura establece un plazo de 30 días para que la empresa recupere al menos el 10% de ejemplares escapados, de no ocurrir lo cual se presume la existencia de daño ambiental.
